Reino Unido cambia su ley de derechos humanos para imponer el “sentido común”
Londres, 14 dic (EFE).- El ministro británico de Justicia, el conservador Dominic Raab, propuso este martes una polémica reforma de la Ley de Derechos Humanos del Reino Unido a fin de imponer “el sentido común” y prevenir “abusos”, por ejemplo por parte de “delincuentes extranjeros que tratan de evitar su deportación”.
En una comparecencia en la Cámara de los Comunes, Raab anunció la apertura de un periodo de consulta de tres meses tras lo cual se presentaría ante el Parlamento el nuevo “proyecto de Ley de Derechos”, que sustituiría al texto actual -que incorpora al derecho británico la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH)-.
El ministro aseguró que la reforma legislativa, criticada por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), contempla que el Reino Unido siga siendo uno de los 47 Estados firmantes de la CEDH, auspiciada en 1950 por el Consejo de Europa, una institución al margen de la Unión Europea.
Pero, apuntó, los tribunales británicos no habrán de tener en cuenta en adelante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (Francia), que vela por la aplicación de la convención, y será el Tribunal Supremo británico el máximo garante en este país (algo que, en la práctica, ya sucede).
Raab mantuvo que el nuevo proyecto de ley “reforzará la libertad de expresión” al reemplazar cierta legislación de privacidad “de estilo europeo” y delimitará “más claramente” la diferencia entre el poder judicial y el legislativo, presuntamente al restringir la influencia de Estrasburgo.
Se introducirá además la necesidad de obtener “un permiso” judicial previo en el que el litigante deberá demostrar que ha sufrido “una desventaja significativa” antes de reclamar compensación por abusos de sus derechos, y los tribunales tendrán que valorar el interés general y el comportamiento del demandante a la hora de decidir posibles indemnizaciones, indicó.
En su intervención ante los diputados, Raab dio como ejemplo de los presuntos abusos que se cometen el hecho de que en torno a un 70 % de los casos de derechos humanos ganados ante los tribunales (no dio el número absoluto) proceden de delincuentes extranjeros que se acogen al artículo 8 -derecho a la vida familiar- para recurrir órdenes de deportación.
La propuesta del Gobierno responde a las repetidas peticiones de los sectores más derechistas del Partido Conservador, que consideran que la actual Ley de Derechos Humanos pone la legislación europea por delante de la nacional.
En respuesta al plan, Stephanie Boyce, de la Law Society -que representa a los abogados en Inglaterra y Gales-, apuntó que actualmente los jueces ya pueden ignorar la jurisprudencia de Estrasburgo “si hay razón legal para hacerlo” y sostuvo que la mayoría de nuevas competencias propuestas “ya existen”.
“Cualquier reforma de este instrumento legal sutil y cuidadosamente diseñado debe estar basada en pruebas y no dirigida por la retórica política”, conminó.
Martha Spurrier, de la ONG pro derechos humanos Liberty, dijo que los planes “son un intento del Ejecutivo de arrancar más poder”, mientras que Amnistía Internacional avisó de que el Reino Unido se alineará con “regímenes autoritarios” si sigue tratando de imponerse sobre fallos judiciales “que no le gustan”. EFE
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