El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) abordó en plenario la confiscación de su sede en Managua el pasado domingo. Una tras otra, las delegaciones de los países presentes expresaron sus condenas contra este acto, al cual calificaron de arbitrario, ilegal y un precedente peligroso.
La ocupación de la sede de la OEA en Managua por parte del gobierno de Ortega «es un antecedente peligroso para Latinoamérica… Nunca había ocurrido antes», ni bajo la administración de Anastasio Somoza, dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA.
Toma de la sede de la OEA no tiene precedentes, denuncia Almagro
Almagro señaló que la sede de la OEA era una oficina protegida, aclarando que ni siquiera era propiedad del organismo el edificio, sino que este arrendaba parte de él. «Estamos frente a las más graves ilegalidades internacionales seguidas de medidas nacionales de las más disparatadas que afectan a inocentes» denunció Almagro.
El representante de Estados Unidos, Bradley Freden, declaró que el régimen de Ortega, con estas acciones, «demuestra nuevamente su oposición a este consejo y al orden pacífico». Señaló que la invasión del recinto viola normas básicas de convivencia internacional.
«Esta es una afrenta a la OEA como institución y ante cada uno de nuestros gobiernos. No podemos hacer caso omiso de este grave acto si queremos preservar la capacidad del personal de la OEA de hacer su trabajo en el terreno en toda la región, a menudo bajo condiciones difíciles» expuso el representante estadounidense.
«Tenemos que condenar esta acción con los términos más fuertes, más enfáticos y considerar también otras respuestas más concretas» sentenció Freden, recordando que fue el propio gobierno de Ortega el que estableció esa oficina en 2019 en un intento de negociar un fin a la crisis iniciada en 2018 a través del diálogo.
«El régimen está fuera de sí, la dictadura está fuera de sí» expuso Washington Abdala, representante de Uruguay. «El régimen ya no mira, respeta ni aprecia a su pueblo… el mundo mira este tipo de episodios, la región los mira y no podemos menos que preocuparnos de sobremanera» añadió.
La representante de Costa Rica, Alejandra Solano Cabalceta, reafirmó la confianza de su país en las instituciones multilaterales y el papel que desempeñan en la resolución de las controversias. «Nicaragua debe respetar todos los compromisos asumidos soberanamente y establecidos en el acuerdo general entre la secretaría general de la OEA… y reconocer sus privilegios e inmunidades» recordó la representante.
La delegación de Bolivia admitió que se había violado el derecho internacional. «Nosotros rechazamos cualquier violación al derecho internacional, más si pone el riesgo la vida de las personas, más allá de las consideraciones políticas» dijo Héctor Enrique Arce, representante del país sudamericano.
McFields: «Es una derrota para la dictadura»
Sobre esto, el ex-embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, quien en marzo dio la espalda al gobierno de Daniel Ortega, señaló que en esta reunión del consejo permanente, antiguos gobiernos cercanos al de Nicaragua le dieron la espalda, como lo eran México, Bolivia y Venezuela.
También expresó que esta reunión constituye una «demoledora derrota» contra «la dictadura de Nicaragua».
La dictadura de Nicaragua sufre una demoledora derrota moral y política en la OEA, las Américas ha dicho a una sola voz: no a la confiscación de bienes y si al respeto del derecho internacional y la Constitución de Nicaragua. pic.twitter.com/oSL11k7r7e
— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) April 27, 2022
El Acuerdo mencionado por Almagro y el representante de Bolivia detalla los privilegios e inmunidades que el gobierno le reconoce a la oficina de la secretaría general contra todo tipo de procedimientos, allanamiento, registro, confiscación o cualquier otra medida sin el consentimiento de las autoridades de la secretaría general.
El gobierno violó efectivamente este acuerdo con la toma de la sede y posterior confiscación, lo que llevó a esta reunión del consejo permanente. Sin embargo, más allá de las condenas, no se han expuesto las consecuencias que podría enfrentar el gobierno de Nicaragua tras este hecho.
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