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El fallecido narcotraficante Pablo Escobar, capo del cártel de Medellín, financió la ocupación guerrillera del Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 y entregó armas a los asaltantes, según ha revelado en su informe final la Comisión de la Verdad, conformada hace cuatro años para investigar los hechos.

Escobar "entregó dos millones de dólares" a Iván Marino Ospina, por entonces jefe del Movimiento 19 de abril (M-19), y miembros de ese grupo guerrillero recibieron armas para poder llevar a cabo la toma, explicó Nilson Pinilla, integrante de la Comisión de la Verdad y presidente de la Corte Constitucional.

El texto establece que el Estado colombiano debe aceptar su responsabilidad por "un exceso de la fuerza publica" tras el asalto de la guerrilla al Palacio de Justicia. En el acto murieron más de un centenar de personas.

"Realmente, es indiscutible que hubo un exceso de la fuerza pública en la recuperación (del Palacio),", declaró el magistrado Nilson Pinilla, uno de los tres miembros del comité investigador. Pinilla conformó junto a los ex magistrados Jorge Aníbal Gómez y José Roberto Herrera este órgano de investigación, establecido en el 20 aniversario del llamado 'Holocausto de la Justicia'.

Muertos y desaparecidos

Los hechos comenzaron el 6 de noviembre de 1985 con la irrupción de cerca de 40 rebeldes del ahora disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) en la sede judicial, situada en el centro histórico de Bogotá, y terminaron al día siguiente, con la edificación reducida a escombros por las llamas y las armas pesadas. Tras la irrupción de los guerrilleros, las Fuerzas Militares pusieron en marcha una operación para retomar el control del Palacio de Justicia, conocida como "retoma".

En esa acción, según plantean los magistrados, se hizo un uso excesivo de fuerza y no se atendieron los llamamientos dirigidos a proteger la vida de quienes quedaron como rehenes en el edificio.

No obstante, Pinillo aclaró que la CVPJ no puede establecer responsabilidades individuales o institucionales en esta acción, una de las más trágicas en el casi medio siglo del conflicto interno armado colombiano.

La gestión judicial de estos hechos ha avanzado en el caso de la docena de desaparecidos forzados que fueron documentados a partir de vídeos de medios de comunicación, cargo por el que fue sometido a juicio el coronel retirado del ejército Alfonso Plazas. La CVPJ confirmó que en la acción militar fueron ejecutados de manera sumaria varias personas, y que otras salieron en efecto con vida y luego desaparecieron.

Además, el comité estableció que "el ministro de Defensa no atendió las llamadas telefónicas que le estaba haciendo el presidente de la República, y tenemos conocimiento que la comunicación entre las fuerzas del Estado, las Fuerzas Armadas, y el presidente de la República fue prácticamente ninguna".