En una nueva sesión plenaria, se recibió como invitada a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, donde expuso durante un poco más de dos horas sobre los principales puntos que desde el Ejecutivo consideran que debiesen quedar redactados en una nueva Carta Fundamental.
Jueves 16 de marzo de 2023
*Por Constanza Valle y pasante de Periodismo Raimundo Gallardo
El Pleno de la Comisión Experta recibió la visita de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte (PS), para conocer su opinión sobre qué aspectos del Poder Ejecutivo se deberían considerar en la nueva propuesta de normativa constitucional.
La ministra explicitó la posición del Gobierno de cara a este nuevo proceso, indicando que “no le es indiferente ni neutro” y que esperan, sea exitoso. Sobre esto mismo, aclaró que el actual proceso constituyente está caracterizado por una presencia del Presidente de la República, radicado fundamentalmente en el apoyo financiero, y que se materializa en prestar a la instalación y funcionamiento de los órganos constituyentes.
En cuanto a lo que espera que quede plasmado en el nuevo texto, la Segpres se concentró en tres grandes ejes: Principio de responsabilidad fiscal, equilibrio entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y modernización del Estado.
Refiriéndose a la base que establece un Estado Social y Democrático de Derecho, indicó que esta está sujeta al principio de responsabilidad fiscal y que se da “sobre la base de que esta satisfacción de cumplimiento de estos derechos sociales van a ser de provisión mixta público-privada”. La considera de vital importancia, porque “aleja a los populismos en cuanto a promesas que no se pueden cumplir”.
En la misma línea de lo anterior, hizo referencia a la separación de los poderes del Estado, donde el Ejecutivo cuenta con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incidan directamente en el gasto público. “La iniciativa exclusiva del Presidente de la República respecto de los proyectos de ley que implican gasto fiscal debe mantenerse”, aseguró.
Sobre el equilibrio entre los poderes del Ejecutivo y del Congreso y el bloqueo de agendas legislativas, Uriarte señaló: “Hoy día el desafío se plantea en un país donde los tres poderes del Estado estén equilibrados, donde existan contrapesos y donde el sistema político cuente con contrapesos para un alineamiento de las distintas fuerzas políticas en orden a obtener acuerdos que le permitan seguir a Chile un camino democrático”.
Finalmente, la ministra planteó el desafío de la modernización del Estado, donde espera “ser capaces como país de tener un aparato estatal que vaya respondiendo a la dinámica del comportamiento social, político y también de innovaciones que nos llegan por las áreas de las tecnologías y el conocimiento”.
Y añadió: “En ese sentido, creemos que debe constituir un poder para el Ejecutivo el mantenerse al día e ir incorporando esos avances en su gestión”. Con esto en cuenta, observan y esperan la inminente y parcial digitalización de los distintos registros.
Posteriormente, al momento de las intervenciones, el comisionado Juan José Ossa (RN) le consultó “sobre el cumplimiento de derechos, pero con responsabilidad fiscal”. Ante esto, Uriarte manifestó que “todas y todos quisiéramos dar cumplimiento y garantía a los derechos sociales de forma inmediata, sin embargo, eso no es posible”.
¿Y qué pasa con la paridad? La presidenta de la Comisión Experta, Verónica Undurraga (PPD), le consultó a la líder de la Segpres sobre cómo ha sido su experiencia al momento de trabajar en ambientes paritarios. La ministra aclaró que “hemos transitado de la paridad molesta a la paridad como una virtud de la conformación de los equipos de trabajo. Esto permitió que mucho talento saliera a la luz. Este avance le ha otorgado horizontalidad y profundización a la democracia”.
Finalizada la sesión, la ministra atendió a los medios presentes y recalcó la importancia sobre “la iniciativa exclusiva del Presidente de la República respecto de los proyectos de ley que implican gasto fiscal” añadiendo que, “uno de los riesgos para la democracia es el populismo”, considerándolo una “oferta fácil, que frustra a los ciudadanos, pone en riesgo la responsabilidad del país, incluso en el ámbito internacional”.
