Escribe José Castillo

En apenas un mes de gobierno del ultraderechista Milei, se viene sufriendo un golpe nunca visto a los  bolsillos populares. Entre la megadevaluación de los primeros días, pasando por el DNU, la ley ómnibus y los inminentes tarifazos, se está dando un super-ajuste al servicio de las grandes empresas y el FMI.

Primero fue la megadevaluación del 118% lanzada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo. En pocos días los precios de todos los bienes que componen la canasta de consumo masivo, volaron por los aires. Salarios y jubilaciones, que ya venían muy golpeados, directamente se pulverizaron. Hoy, terminado ya diciembre, vemos su consecuencia: una inflación del 30%, que se anuncia continuará a ese nivel al menos en los tres primeros meses de 2024.

Luego llegó el DNU. Milei presentó este auténtico engendro anticonstitucional donde hay de todo, siempre contra el pueblo trabajador y a favor de los grandes empresarios y los ricos. De un plumazo modifica o deroga 300 leyes. La lista es infinita: deroga la ley de alquileres, dejando a los inquilinos a merced de propietarios y especuladores inmobiliarios; da vía libre a remarcaciones y cualquier tipo de abusos con los precios, derogando la ley de abastecimiento, la de góndolas, la de promoción comercial y el observatorio de precios del ministerio de Economía; libera las restricciones para subir tarifas a las empresas de medicina prepaga; favorece a las empresas extranjeras frente a las pymes nacionales, eliminando la ley de compre nacional, el código aduanero y la promoción industrial. Un punto especialmente importante es que, en la práctica, deroga todo el derecho laboral argentino, dando por tierra con conquistas ganadas por la clase trabajadora argentina en casi un siglo de luchas; en esencia, apunta a “abaratar” los despidos de las y los trabajadores y virtualmente prohíbe el ejercicio del derecho de huelga. El DNU también avanza derogando la ley de tierras, permitiendo el acceso de grandes capitalistas extranjeros a latifundios y zonas de frontera. Deroga también la llamada “ley del fuego”, dando un guiño a que se incendien campos para luego comprarlos por monedas. Y abre la puerta a la privatización de prácticamente todas las empresas públicas, una auténtica “bandera de largada” al saqueo.

La “ley ómnibus”

El mismo día en que la CGT realizaba su marcha a Tribunales, protestando por el DNU, el presidente Milei lanzó la llamada “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”. En esencia profundiza lo ya extremadamente reaccionario del DNU. La ley ómnibus se compone de 664 artículos, comenzando por reclamar para el presidente Milei poderes extraordinarios ante lo que denomina “la emergencia” hasta 2025, prorrogable por dos años más. O sea, que el presidente ultraderechista se convierta en un virtual monarca durante todo su mandato.

La ley ómnibus plantea suspender la movilidad jubilatoria, reemplazándolas por “aumentos” discrecionales cuando así lo quiera el presidente Milei. Además, el gobierno se apropia de un plumazo, robándole a los jubilados y jubiladas 5.600 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (la plata acumulada de las AFJP, estatizadas en 2008). Se habilita el despido de decenas de miles de estatales. Se enuncia una larga lista de 41 empresas y entes estatales a privatizar, en lo que implica un saqueo total a nuestras riquezas (ver nota “La patria no se vende”). Se rebajan impuestos a los ricos (bienes personales) y se habilita un nuevo blanqueo, a medida de especuladores y fugadores de capitales. Se dispone la más absoluta libertad para exportar gas y petróleo, abriendo el camino al desabastecimiento del mercado interno. También contiene un gran paquete de disposiciones represivas, que fortalecen y agrandan el protocolo represivo de Bullrich (ver nota “más represión para hacer pasar el ajuste”).

Lo que se viene

Milei promete más ajuste: “todavía no vieron nada” amenazó. El ministro Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, promulgan diariamente montones de pequeñas normas que todas, sin excepción, van contra el pueblo trabajador. Así, se liberalizó los intereses que pueden cobrar los bancos por tarjetas de crédito, se eliminó la devolución del IVA a quienes perciben jubilaciones y otros beneficios sociales (borrando de un plumazo 18.000 pesos a los que menos tienen), etcétera. Ya se habilitaron los aumentos de boletos de colectivos y trenes. Y, en lo inmediato, comenzarán los tarifazos en gas y electricidad.

Hay que parar este ajuste, ya mismo. Es una cuestión de vida o muerte. Por eso, mientras apoyamos todas las luchas que se están llevando adelante, participamos de los cacerolazos y todo tipo de protestas, tenemos que garantizar con todo el paro y movilización del próximo 24 de enero, al mismo tiempo que le exigimos a la CGT y las CTA que le den continuidad con un plan de lucha. Es la tarea de la hora.