La ley de Bienestar Animal propuesta por el ministerio de Ione Belarra no se ha aprobado en el Congreso, pero el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, dependiente de la cuota socialista, ya la está aplicando. La cartera de Teresa Ribera ha dejado de emitir los permisos CITES para comercializar con especies silvestres nacidas y criadas en cautividad, algo perfectamente legal y que se venía haciendo sin ningún tipo de obstáculo hasta ahora. Los criadores afectados denuncian que al menos 8.000 animales están en un limbo legal porque se les está aplicando la ley de Belarra por la puerta de atrás.
El CITES es un tratado internacional adoptado en la actualidad por 183 países para controlar el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres. Según ese tratado, está totalmente prohibido tener y comerciar con especies silvestres. Sin embargo, en el caso de los animales silvestres nacidos y criados en cautividad, se permite a los estados conceder excepciones emitiendo un certificado, conocido como certificado CITES.
En España, durante el año 2021, se concedieron 8.217 permisos CITES para la exportación de animales vivos, nacidos y criados en cautividad, como por ejemplo rapaces nocturnas, loros, cacatúas, algunos tipos de tortugas... El destino de esos animales silvestres es la reintroducción en el medio silvestre, los parques zoológicos o directamente un particular.
Más de 8.000 animales sin registrar
Los problemas comienzan el 1 de enero de este año, cuando el ministerio de Ribera comienza a hacerse cargo de expedir los certificados CITES. El presidente de la Sociedad Herpetológica Valenciana (SOHEVA), José María López Sánchez, explica que "una de las primeras cosas que hacen es dejar de emitir certificados para actividades comerciales a todos los animales incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE)" a pesar de que el convenio CITES excluye a aquellos nacidos y criados en cautividad y en contra del criterio que el propio Gobierno había tenido hasta entonces.
La consecuencia es que, teniendo en cuenta la media de certificados emitidos en años anteriores, ahora mismo habría al menos 8.000 animales silvestres sin registrar cuyos criadores no pueden vender. Además, alerta López Sánchez, "el ministerio está poniendo a los administrados a los pies de los caballos, porque se les podría aplicar el artículo 334 del código penal", que castiga la tenencia de fauna silvestre sin permiso con pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años.
"No necesitamos a las especies silvestres para nada"
La intención del Gobierno, como se deja ver en la Ley de Bienestar Animal, es prohibir todas las mascotas excepto los perros, gatos y hurones. De hecho, el jefe del Área de Acciones de Conservación de la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina del Ministerio de Transición Ecológica, Luis Mariano González García, ha llegado a reconocerlo en el programa Biodirectos: "No necesitamos a las especies silvestres para nada. Solamente necesitamos a los animales domésticos. Esto es algo que tiene que permear en la sociedad. Esto es como hace unos años pasaba con la esclavitud".
Por ese motivo, el Ministerio de Ribera se ha adelantado y ya está aplicando el anteproyecto de la ley animalista de Belarra a través del silencio administrativo. "No emiten resolución alguna de denegación", denuncia López Sánchez, "y como no te dicen que ‘no’ oficialmente, los afectados no pueden reclamar o recurrir a los tribunales". Hay que destacar que solicitar el permiso CITES, lo concedan o no, cuesta 20 euros. "Hay muchísima gente afectada. España es uno de los mayores exportadores de aves de cetrería".
De hecho, el ministerio está contestando por correo electrónico a los criadores que solicitan el permiso para derivarles a sus respectivas Comunidades Autónomas al más puro estilo Vuelva usted mañana. "Toda esa información la facilitan por email. Nunca emiten un requerimiento por correo certificado como obliga la ley, ni lo ponen a disposición de los administrados desde la sede electrónica del ministerio", afirma López Sánchez. "Tiene toda la pinta de que no quieren emitir una resolución que les comprometa. La cuestión es que no resuelven".
Patata caliente para las CCAA
De forma totalmente injustificada, el ministerio no ha emitido ningún certificado CITES y dice a los criadores que deben acudir a las administraciones autonómicas. Pero a la vez, el ministerio se ha puesto en contacto con las Comunidades Autónomas para indicarles que no deben facilitar ningún permiso para conseguir el certificado CITES.
Para ello se basa en un informe de la propia Abogacía del Estado en el que se reserva el derecho de anteponer su criterio al del tratado CITES, firmado por más de 180 países, entre ellos, España: "Las disposiciones del Reglamento CITES no afectan ni condicionan el derecho de los Estados de adoptar medidas internas más estrictas, incluyendo prohibiciones del comercio, tenencia o tráfico de las especies incluidas en CITES".
Por ello, concluye el escrito, "no se permite la tenencia y cría con fines comerciales o como animal de compañía de cualquier espécimen de las especies incluidas en el LESRPE", en lo que supone un claro cambio de criterio. "Donde dije digo, digo Diego. Y de repente, un montón de españoles se han quedado empantanados con animales indocumentados porque esta gente ha cambiado de criterio de la noche a la mañana".
Tal y como resume López Sánchez, "ahora mismo, sin una explicación lógica y yendo contra actos propios, el ministerio está denegando documentaciones que se estaban facilitando con toda normalidad hasta el 2 de enero, con lo cual, de facto, están aplicando el listado positivo que lucharon por incluir en la ley de Bienestar Animal", a pesar de que este anteproyecto animalista todavía no ha pasado por el Congreso.