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5 Aspectos sociales del envejecimiento demográfico y los cuidados

Elsa López, Liliana Findling, Paula Lehner y Silvia Mario

Envejecimiento de la población argentina: evolución y situación actual

Los demógrafos se refieren al envejecimiento demográfico cuando el porcentaje de personas de 65 años o más alcanza o supera al 7% del total de la población; es un proceso inédito del que no existen precedentes históricos (United Nations, 1956). A diferencia del envejecimiento de las personas, que nacen, crecen, maduran, envejecen y mueren, las poblaciones pueden envejecer o rejuvenecer mediante cambios en su dinámica de crecimiento, sea a través de la natalidad, la mortalidad o la migración. El factor más relevante para el envejecimiento demográfico es el descenso de la natalidad. Si ésta aumenta, la población va a tender al rejuvenecimiento, que también puede lograrse por el aporte de personas jóvenes provenientes de los procesos migratorios. A la inversa, la emigración de personas en edades jóvenes contribuye de manera importante al envejecimiento de la población y afecta las posibilidades de formación de hogares y familias y el perfil del mercado de trabajo.

Las transformaciones demográficas tienen consecuencias que plantean desafíos sociales y políticos. El envejecimiento de la población es un cambio que tiene repercusiones en la vida cotidiana a nivel individual, familiar y social. En lo económico cambian las relaciones entre el ahorro, las inversiones y el consumo, se modifican los mercados de trabajo y se impone un redimensionamiento de las pensiones y las transferencias intergeneracionales. A nivel familiar e individual esos cambios se manifiestan en la composición de la familia y las modalidades de convivencia, afectando las relaciones de intercambio y reciprocidad entre sus miembros. No menos importante es la demanda específica que se plantea en relación a los servicios de cuidado y de atención de la salud (United Nations, 1988; Laslett, 1989 y 1995).

El Censo Nacional de Población de 1970 marcó el inicio del envejecimiento de la población argentina, que actualmente es uno de los cuatro países más envejecidos de América latina, junto con Cuba, Chile y Uruguay (CEPAL/CELADE, 2011), en el cual el incremento absoluto de las personas mayores se acompaña de un aumento del peso relativo de ese grupo respecto del total de la población.

El proceso de envejecimiento es el resultado del pronunciado descenso de la fecundidad, la disminución de la mortalidad y el aumento de la esperanza de vida. La tasa global de fecundidad de nuestro país bajó desde 5.3 hijos por mujer en 1914 a 2.2 en 2010 (un descenso del 58%), valor apenas por encima del nivel del reemplazo demográfico. En el mismo periodo, la esperanza de vida al nacer aumentó casi 27 años y el porcentaje de población de 65 años y más se quintuplicó (Cuadro 1 en Anexo).

El descenso de la fecundidad ha sido el factor más importante para dar cuenta de la actual situación del envejecimiento de la población en la Argentina. De acuerdo con Pantelides y Moreno (2009), si el nivel de la fecundidad no hubiera descendido como lo hizo, la población del país en el año 2000 habría sido casi tan joven como lo fue en 1900 aunque la mortalidad y la migración se hubieran comportado como lo hicieron.

La dinámica y los cambios en la fecundidad no son los únicos factores que explican el envejecimiento de la población; en él interviene también el sostenido aumento de la esperanza de vida al nacer, fenómeno observable entre los extremos del período considerado que revela una ganancia de más de un cuarto de siglo de vida. El peso relativo de la población de 65 años y más es el producto de la mayor sobrevivencia de los que alcanzan esa edad y de la disminución porcentual de las personas en las edades más jóvenes.

Lo expuesto hasta aquí es válido para un diagnóstico a nivel nacional. Sin embargo, hay que señalar la disparidad existente en diversas jurisdicciones del país, presentándose el envejecimiento como un fenómeno más acentuado en la región pampeana. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la jurisdicción más envejecida del país, con el 16% de su población en edades de 65 años o más (aunque hay comunas de la ciudad, como la de Recoleta, donde las personas de esas edades constituyen el 20% de la población). A CABA le siguen un conjunto de provincias con el 10% de su población en esas edades (Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos y Mendoza). El resto de las provincias fluctúa entre el 8 y el 6%; Tierra del Fuego es la que presenta menor peso relativo de población de 65 años y más (3.8%), como consecuencia del fuerte flujo migratorio de los años 1980, que rejuveneció la población (Cuadro 2).

Una característica distintiva del envejecimiento es su especificidad de género; en general, a medida que aumenta la edad de una población se acrecienta la proporción de mujeres, rasgo que se origina en la mortalidad diferencial por sexo y que redunda en una mayor esperanza de vida para las mujeres. En promedio, las mujeres argentinas viven seis años más que los hombres y, a medida que aumenta la edad de la población, el peso relativo de las mujeres aumenta. En la Ciudad de Buenos Aires, el 34% de las mujeres de 65 años o más tiene 80 años o más, mientras que el 26% de los varones está en esa situación (Cuadro 3).

Otro rasgo diferencial del envejecimiento de la población que se deriva del aumento de la esperanza de vida es que las personas de 80 años o más tienen cada vez un mayor peso relativo, aspecto que puede apreciarse mediante el indicador de envejecimiento del envejecimiento, expresado en el porcentaje de personas de 80 años y más sobre el total de la población. Este indicador ha aumentado de manera sostenida en todas las provincias del país durante los últimos 40 años y es, como ya se mencionó, superior en la población femenina (Gráficos 1 y 2).

De acuerdo a CEPAL/CELADE (2011), el grupo de mayores de 80 años mostró tasas de crecimiento notoriamente superiores a cualquier otro grupo de edad durante el periodo señalado, fenómeno que seguirá ampliándose con más rapidez que en el resto de la población y que requerirá respuestas de los sistemas previsionales y de salud y, en muchos casos, también de las familias.

El índice de dependencia potencial de padres, que mide el cociente entre las personas de 80 años o más y las personas de 50 a 64 años, es un indicador de la demanda de apoyo del primer grupo (los potenciales padres) sobre el segundo grupo (los potenciales hijos); es interesante observar que su tendencia ha ido en aumento en las últimas cuatro décadas, por lo cual la demanda de apoyo a nivel nacional creció desde un índice de 7,5 en 1970 a 18 en 2010 (Gráfico 3). Dada la típica feminización del envejecimiento, esta creciente demanda de apoyo por parte de progenitores afecta en mayor número y en forma progresiva a las mujeres.

La salud de los adultos mayores

Los estudios sobre desigualdades en salud ponen de manifiesto las diferentes maneras en que varones y mujeres de distintas edades perciben la salud y la enfermedad, se acercan a los servicios de salud, enferman y mueren. Desde un punto de vista sociodemográfico, la inserción ocupacional presente o pasada y el nivel educacional son factores que influyen de manera determinante en las percepciones de las personas sobre su propia salud y los cuidados que dedican a ella. A ello se agregan la oferta y el acceso a los servicios de salud y las redes familiares y sociales, que juegan un papel esencial en la explicación de las desigualdades en salud.

Una investigación cualitativa[1] en personas de 60 años o más que estudió en hombres y en mujeres la apreciación sobre la propia salud revela una visión más positiva de los varones, a pesar del mayor acercamiento de las mujeres con los servicios de salud. La comprobación de las diferencias, que coincide con la de otros estudios, permite aventurar la hipótesis de que las valoraciones más negativas de las mujeres provienen de la mayor incapacidad que sufren por ser más longevas en las edades más avanzadas.

De esa investigación se desprende también que las personas de mayor edad orientan sus esfuerzos hacia el manejo de las pérdidas, tanto en los aspectos físicos como cognitivos y afectivos, lo cual se traduce en la aceptación de las propias limitaciones y la resignación ante éstas. En ese sentido, se advierte que cuando los malestares no impiden la vida diaria, y aun ante la presencia de dolencias, se tiende a opinar que se dispone de una buena salud, afirmación importante desde el momento en que no necesariamente la percepción positiva se limita a un diagnóstico médico sino a cómo se sobrelleva un malestar (López, Findling, Abramzón, Lehner, Ponce y Venturiello, 2009).

La relación entre discapacidad y envejecimiento demográfico se ha convertido en un tema relevante. Los problemas de salud indican que a medida que aumenta la edad crece la probabilidad de sufrir limitaciones y discapacidades. Sin embargo, no todas las personas envejecen de la misma manera, y en ello intervienen de manera importante el nivel educativo, el ingreso y los roles ocupacionales y familiares que se asumen a lo largo de la vida (López et al., 2009; Casado Pérez, 2004; Zúñiga Macías, 2004). A ello se suma la vulnerabilidad de las personas más grandes cuando aparece o se incrementa la discapacidad por la pérdida de autonomía que conlleva este proceso, que afecta tanto su bienestar como el de su familia, principal encargada del cuidado. En este sentido, cuando se trata de medir la calidad de vida de los adultos mayores cobra importancia el grado de autodeterminación en sus actividades cotidianas (Verdugo, 2007).

Es esperable que las personas mayores presenten una prevalencia de discapacidad que aumente con la edad y sea más elevada que la de la población en general, porque con los años tienen más dificultades para ver, oír, moverse, entender o aprender. La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2009 (ENFR) (Dirección de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, 2009) muestra diferencias por sexos a nivel de la población total (12% de varones y 14% de mujeres), que se vuelven más evidentes cuando aumenta la edad. Así, si en el grupo de los de 65-69 la discapacidad alcanza al 30% de los varones y al 32 % de las mujeres, estas diferencias se hacen más notorias en las personas de 80 años o más (53% varones y 58% de las mujeres). Como se dijo, las mujeres tienen una esperanza de vida más elevada que los varones pero suelen vivir los años más avanzados con mayores niveles de discapacidad (Gráfico 4).

Según los datos de la ENFR, la mayor proporción de personas mayores que consideran que su estado de salud es excelente o bueno se encuentra en la Región Pampeana, mientras que la menor se ubica en el Noroeste (NOA), región que presenta los niveles más bajos de autopercepción excelente o buena del estado de salud, de movilidad y autovalencia. En contraste, la Región Patagónica es la que tiene los mejores indicadores: mientras que en el NOA el 61% de los adultos mayores no tiene problemas para caminar, el 89% para lavarse o vestirse solo y el 75% para realizar actividades cotidianas, en la Región Patagónica esos valores alcanzan al 69%, 93% y 82% respectivamente (Cuadro 4).

Esa misma fuente revela que las mujeres tienen mayores problemas de movilidad que los varones (33% contra 31%), diferencias muy leves que se hacen más notorias cuando se comparan las dificultades para lavarse o vestirse solas (8% y 3% respectivamente), o para la realización de actividades cotidianas (22% contra 14%). Asimismo, existen diferencias por grupos de edad, observándose que en las personas de 85 años o más se agudizan los problemas de movilidad (60%). Por último, los datos indican que un 36% de las personas de 65 años o más que viven en hogares unipersonales tienen problemas de movilidad (Cuadro 5).

La ENFR 2009 también señala que las mujeres del GBA consultaron al médico en los 30 días anteriores a la encuesta con mayor frecuencia que los varones (66% contra 54%). En consonancia con este dato, las mujeres declararon tener más problemas de salud (40% contra 22% de los varones). La distribución por edades revela que las personas de 74 a84 años son las que más frecuentemente consultaron al médico en el periodo mencionado, a pesar de que las de 65 a 74 años manifestaran haber tenido más problemas de salud.

Por último, la fuente de la Encuesta revela que las mujeres y las personas de 80 años o más son las que conviven en mayor proporción en hogares con al menos una persona discapacitada (Cuadro 6). 

Cobertura previsional y de salud

Durante la última década se observa un aumento considerable del porcentaje de personas mayores beneficiarias de una jubilación o pensión, pasando del 70% de cobertura en 2001 a casi el 94% en 2010 en el total del país (Gráfico 5). Si bien la tendencia general muestra un aumento en el acceso a las jubilaciones o las pensiones, aún persisten diferencias entre las provincias argentinas. Así, en las provincias del Noreste (NEA), que presentaban los niveles más bajos, de alrededor del 55% en 2001, los valores alcanzan a más del 90% en 2010. Otras jurisdicciones (La Pampa, Catamarca, La Rioja, CABA y Santa Cruz), que en 2001 tenían niveles de alrededor del 80% de cobertura de jubilaciones o pensiones, se han recuperado de diversa manera. A pesar del aumento general, en 2010, el nivel más bajo de percepción del beneficio jubilatorio lo tuvo Tierra del Fuego (75%). Esta ampliación del porcentaje de personas mayores redunda en una mejora de los ingresos de esos sectores de la población, que se han visto favorecidos, además, por la Ley de Movilidad (aumento bianual de los montos de las jubilaciones) y la posibilidad de jubilación para las mujeres amas de casa que, debido a su edad, a su generación y a factores socioculturales ligados a aspectos de género, habiendo o no trabajado fuera del hogar pudieron haber abandonado el mercado de trabajo para dedicarse a ser amas de casa y a la crianza de sus hijos.

En relación a las diferencias por sexo en la percepción de jubilación o pensión, existe una brecha a favor de las mujeres mayores de 65 años de casi 6 puntos porcentuales. La distribución de las personas de 65 a 69 años por sexo muestra que el 92% de las mujeres y el 78% de los varones tienen jubilación, diferencia que se podría adjudicar a que muchos de ellos aún están activos. A medida que aumenta la edad los niveles se ubican en valores superiores al 90% y las diferencias se hacen menos notorias en las personas de 80 años o más (Gráfico 6).

Una tendencia similar presenta la cobertura de salud, donde en el grupo de los 65 a los 69 años se observa una disparidad que beneficia a las mujeres (95% contra 89%), aspecto que puede explicarse porque la cobertura está ligada a la percepción del beneficio jubilatorio. Las diferencias se atenúan en las edades más grandes, aunque persisten pequeñas diferencias de cobertura a favor de las mujeres (Gráfico 7).

El aumento de los problemas de salud y de la utilización de los servicios para la atención de las personas mayores lleva a plantear que en la atención médica deben resaltarse los aspectos de salud de manera independiente de los de enfermedad, lo que incluye las percepciones de las personas sobre su estado de bienestar o malestar. Los sistemas de salud, en tanto constituyen el modo en que la sociedad organiza la respuesta ante la enfermedad, tienen una asignatura pendiente respecto de esta cuestión que ha sido denominada como inercia de las instituciones (Secretaría de la Tercera Edad y Acción Social, 2001; Costa, 2012).

Arreglos residenciales de las personas de 65 años o más

Abordar el estudio de los adultos mayores y sus familias implica situar a las personas en las etapas avanzadas del curso de vida en un amplio abanico de posibles formas familiares. Por lo general, los adultos mayores se encuentran en la etapa denominada nido vacío, aquella que ocurre cuando los hijos adultos se emancipan y abandonan el hogar (Arriagada, 2004). Esto explica el por qué buena parte de los mayores de 65 años viven en compañía de sus cónyuges o solos si han enviudado. La sobremortalidad masculina contribuye a que una mayor proporción de mujeres adultas mayores vivan en hogares unipersonales.

En los últimos años, las ciencias sociales, y en especial la demografía, se han ocupado de estudiar los arreglos residenciales de los adultos mayores. La manera en que éstos resuelven las modalidades de residencia aparece íntimamente relacionada con las redes de apoyo y soporte intrafamiliar y tiene implicaciones directas sobre su bienestar. Se han señalado también los límites poco precisos de las definiciones de familia más allá de los límites del hogar y la importancia de las redes de apoyo en el funcionamiento de las economías domésticas de los adultos mayores (Puga, Rosero-Bixby, Glaser y Castro, 2007).

Los arreglos residenciales incluyen una amplia gama de posibilidades que van desde vivir solo, con el cónyuge, con los hijos, con otros parientes o con cuidadores, hasta vivir en instituciones. Es importante señalar que estos arreglos no siempre son el resultado de una elección voluntaria de las personas mayores sino que, muchas veces, son producto de múltiples contingencias sociales que se ven obligadas a aceptar. En tal sentido, algunos estudios concluyen que, cuando no está marcada por la necesidad, la convivencia entre miembros de la misma familia puede tener efectos positivos (Puga, et al., 2007).

El porcentaje de personas de 65 años o más que viven en hogares nucleares y en hogares unipersonales aumentó entre 2001 y 2010, reduciéndose la proporción de los que habitan en hogares extendidos o compuestos. Los arreglos residenciales de estas personas difieren según la provincia: en las jurisdicciones más envejecidas predominan los hogares unipersonales y nucleares, mientras que en las del NOA aumentan su participación los hogares extendidos y compuestos, menos frecuentes en la región pampeana y la CABA. Los arreglos residenciales en hogares extendidos o compuestos (en los cuales reside un núcleo conyugal con otros familiares y/o no familiares) son más comunes en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Tucumán. En 2001, más del 50% de la población de 65 años y más residía en este tipo de hogares, mientras que en 2010 baja el porcentaje y, en cambio, aumentan los hogares unipersonales en todas las provincias (Cuadro 7).

Redes sociales y curso de vida

Dado que el sistema de protección social que ampara necesidades sociales, económicas y de salud no cubre en general a la totalidad de la población o, si lo hace, su aporte es insuficiente para mantener una calidad de vida acorde con las exigencias que plantean las edades avanzadas, una parte significativa de la población mayor debe obtener recursos de diversas redes sociales, fundamentalmente de la familia.

En este sentido, la existencia de redes de apoyo en las edades avanzadas permite la integración social de las personas y evita el aislamiento. Si bien no existe un concepto unívoco para definir las redes, se las define como “una práctica simbólico-cultural que incluye el conjunto de relaciones interpersonales que integran a una persona con su entorno social y le permiten mantener o mejorar su bienestar material, físico y emocional y evitar el deterioro real o imaginado que podría generarse cuando enfrenta dificultades, crisis o conflictos” (Guzmán, Huenchuan y Montes de Oca, 2003).

La categoría redes sociales fue propuesta como indicador de apoyo, suponiendo que éste estaba asegurado si se pertenecía a una red. Sin embargo, la investigación gerontológica puso en duda esa interpretación y comenzó a investigar la calidad, frecuencia, efectividad y disponibilidad de los apoyos. Ello permitió comprobar que pertenecer a una red social no garantiza necesariamente un apoyo constante, ya que éste puede variar en el tiempo y en el curso de vida de los individuos. Las virtudes y limitaciones observadas en algunas definiciones de las redes sociales mostraron, además, la necesidad de tomar en cuenta la percepción de las personas mayores sobre lo que dan y lo que reciben, así como la importancia que le asignan a las redes cuando califican su calidad de vida (Guzmán et al., 2003).

En el apoyo social pueden distinguirse dos fuentes: la formal y la informal. El sistema formal de apoyo está basado en una organización burocrática, con objetivos específicos en áreas determinadas y utilización de profesionales o voluntarios para garantizar las metas. El sistema informal está constituido por las redes personales y comunitarias no estructuradas y se da sobre todo en las familias, considerándose que la cohabitación o corresidencia constituye una de las formas más comunes de apoyo material y emocional de las personas mayores (Guzmán et al., 2003).

De los resultados de nuestro proyecto de investigación se desprende que, con respecto a las opiniones sobre la vida cotidiana, las mujeres expresan más sensaciones de soledad que los hombres, aunque indican contar con el apoyo de sus familias; en contraste, los varones se muestran confiados en sí mismos y satisfechos con las actividades que realizan. Pese a haber disminuido las tareas domésticas más gravosas por el alejamiento de los hijos del hogar o la muerte de sus maridos, las mujeres continúan amoldándose a las demandas de la familia, no percibiéndolas como una carga. Tanto las que trabajaron fuera de su casa como las que no lo hicieron, manifestaron sentirse cómodas en el ámbito de lo doméstico y familiar. En lo que respecta a los apoyos que reciben las personas mayores se advirtió que la pertenencia a una o varias redes sociales no garantiza apoyos constantes, ya que los mismos pueden variar a lo largo de la vida, dependiendo su efectividad de la valoración que cada persona le otorgue en distintos momentos. Las redes de amigos mostraron diferencias según nivel socioeconómico: en los estratos medios y altos prevalecen las relaciones que provienen de historias colegiales, laborales y deportivas, mientras que en los más bajos se establecen preferentemente contactos con los vecinos del barrio, que con frecuencia se convierten en amigos. Las familias, como redes de apoyo fundamental, son los pilares de las personas mayores a medida que avanza la edad (López et al., 2009).

Un campo novedoso para el estudio de las personas mayores, surgido en los últimos años, es el enfoque del curso de vida, entendido como secuencia de eventos y roles sociales determinados por la edad y arraigados en la estructura social en un tiempo histórico determinado. Este abordaje se complementa con el proceso de construcción de la memoria histórica generacional, que constituye el soporte de la biografía de los seres humanos (Oddone y Lynch, 2008). El estudio de los aspectos conductuales y subjetivos del paradigma del curso de la vida ha permitido capturar la complejidad de la interacción entre las transiciones individuales a medida que cambian durante la vida (Gastrón y Lacasa, 2009).

El envejecimiento y los cuidados

El cuidado de los mayores es un problema social que se enmarca en un contexto de disminución del tamaño de los hogares y de una mayor participación de las mujeres en el trabajo extra-doméstico.

El cuidado facilita tanto la subsistencia como el bienestar y el desarrollo. Abarca la indispensable provisión cotidiana de bienestar físico, afectivo y emocional a lo largo de todo el ciclo vital y busca conservar las capacidades y la autonomía de las personas en el caso de aquellas que por su edad son más frágiles y de las que tienen alguna discapacidad.

La gestión del cuidado requiere organizar bienes, recursos (materiales, simbólicos, afectivos), servicios y actividades que hagan viable la alimentación, la salud y la higiene personal así como la estimulación de procesos cognitivos y sociales, tareas que involucran simultaneidad de papeles y responsabilidades dentro de las familias, en espacios y ciclos difíciles de traducir en tiempo, intensidad o esfuerzo. Estas tareas pueden realizarse de manera no remunerada por familiares, delegarse con remuneración a través de relaciones laborales formales e informales o a través de instituciones (Pautassi, 2013; Martin Palomo, 2009).

En América latina, el descubrimiento de las personas que cuidan ha sido más tardío que en otras latitudes, rol que adquirió predominancia en los debates sobre las reformas de la salud y los modelos de atención de los servicios durante el proceso de debilitamiento del sistema de protección social del Estado de Bienestar (Aguirre, s/f; Provoste, 2003).

6.1. Algunas perspectivas sobre el abordaje del cuidado

Se detallan algunas orientaciones teóricas y estudios empíricos sobre este tema:

a) La provisión de cuidados en la sociedad se organiza generalmente en torno a un diamante del cuidado compuesto por la familia, el mercado, el Estado y las organizaciones no gubernamentales (Razavi, 2007) y tiene fuertes consecuencias para los que acceden a él y para aquéllos que se encargan de cuidar. La evidencia latinoamericana muestra que la participación de los otros vértices del diamante de cuidado resulta marginal, menor y complementaria y que la estratificación en el acceso a servicios y prestaciones de cuidado se transforma en un vector de desigualdad (Rodríguez Enríquez y Méndez, 2013).

En la década de 1990 se abrió un profundo debate en las sociedades occidentales en torno a la organización de la provisión del bienestar. Una de las principales contribuciones provino de Esping Andersen (1993), que distingue los regímenes de bienestar (liberal, corporativo y socialdemócrata) según quién asuma la carga principal de cuidado: el mercado, el Estado o las familias. Con respecto a estas últimas, debe tenerse en cuenta el concepto de familismo, que remite al modelo de los países mediterráneos, en el cual se observa un importante nivel de confianza en la familia para la provisión de trabajo y servicios asistenciales, tanto desde el punto de vista de la solidaridad intergeneracional como de la basada en la estructura de género. Si bien se asume que las familias son los marcos relevantes de la ayuda social y se parte del supuesto de que las familias “nunca fallan” (Esping Andersen, 1993), en la actualidad se observa un proceso de desfamiliarización (Martín Palomo, 2009). Además, como lo señala Flaquer (2002), el familismo lleva implícito un modelo de familia tradicional tanto en sus funciones como en su estructura. Se trata de una familia que asume importantes tareas de provisión del bienestar entre las generaciones y presenta en su organización interna una estructura con una fuerte división sexual del trabajo.

b) En relación directa con los modelos familiares, un conjunto de investigaciones en Europa analizan el cuidado intergeneracional que vincula la familia con el trabajo, enfatizando que un resultado no previsto de determinadas políticas sociales ha reforzado el papel de las mujeres en las tareas de conciliación, dándoles la mayor responsabilidad en desmedro del compromiso de los varones (Torns Martin, 2005). En el interior de la familia, las distintas generaciones interactúan y establecen un tipo de relaciones sociales que comportan un intercambio: de servicios, de afecto, de bienes. Son relaciones marcadas por las nociones de responsabilidad y obligación, además de sentimientos de amor y afecto, y también por la negociación y el conflicto. En ese sentido, algunos estudios plantean que los discursos de las personas de generaciones mayores atraviesan múltiples contradicciones y estereotipos y que existe una tendencia a idealizar un tiempo en el que los padres eran asistidos por los hijos como algo natural. En la actualidad, en cambio, las circunstancias sociales, económicas, demográficas y culturales limitan las posibilidades de continuar con este modelo, transformando las expectativas individuales. La idea del individualismo de las generaciones más jóvenes refleja el cambio de actitudes y la valoración diferente que éstas hacen de las responsabilidades de cada generación hacia la anterior, no tan bien definidas como lo estaban en el modelo tradicional. Es por eso que los discursos de las personas mayores están marcados por la contradicción entre el deseo de ser cuidados por sus propios hijos, tal y como ellos mismos asistieron a sus padres, y el deseo de no ser una carga; por ello desean acudir a asistencia externa si se vieran en una situación de dependencia (Bazo y Ancizu, 2004; Gomila, 2011).

c) Diversas líneas de investigación en España abordaron los “costos invisibles” de la enfermedad, sobre todo aportando estimaciones del tiempo destinado por la población a la atención de la salud de los miembros del hogar y en las instituciones del sistema de salud. Con estas investigaciones empíricas se intenta comprender la complejidad del cuidado desde la mirada de las cuidadoras, principalmente mujeres. Las investigaciones relacionan el cuidado con la subjetividad, las lealtades de parentesco y las implicaciones personales. Los trabajos describen diversos trastornos psicosociales derivados de la carga de trabajo del cuidador y el modo en que esta tarea afecta a la vida de los y las cuidadores/as al disminuir su autocuidado y reducir su vida social (Delicado Useros, 2003 y 2006; Durán Heras, 2002; Julve Negro, 2006).

El proyecto de investigación “Mujeres, cuidados, salud y familias”[2] indaga mediante entrevistas en profundidad la trayectoria del cuidado de mujeres que residen en el AMBA y cuidan a familiares con problemas de salud. Algunos resultados mostraron que las entrevistadas ejercen un rol protagónico en la organización, provisión y supervisión del cuidado hacia sus asistidos en todos los estratos socio-económicos, aunque es de destacar que las mujeres de sectores medios cuentan con la posibilidad de delegar mediante el pago algunas tareas del cuidado en otras mujeres de menores recursos. También se detecta que el apoyo a familiares dependientes no sólo se sostiene en base al afecto y al vínculo parental sino que también implica una obligación: retribuir aquello que se recibió. El trabajo emocional es una parte importante de la tarea del cuidado, que se acentúa cuando existe una mayor vulnerabilidad entre los familiares que reciben ayuda. La asistencia a familiares enfermos tiene consecuencias sobre las relaciones familiares y sociales, genera tensiones entre esa tarea, la esfera laboral y la situación económica familiar y afecta la salud de las personas que cuidan (López, Findling, Lehner, Ponce, Venturiello y Champalbert, 2012).

d) Otro abordaje sobre la reproducción social y la organización familiar es el planteado por Meillasoux (1977), que fue uno de los precursores del estudio del rol de la organización de la unidad doméstica y los modos de producción y reproducción social. Este enfoque se enriqueció con los aportes de los estudios feministas, que criticaron la perspectiva ahistórica de Meillasoux al analizar los procesos de patriarcado y la subordinación de las mujeres (Jelin, 2012; Razavi, 2007). Las teóricas feministas también han tendido a desacreditar la perspectiva reduccionista de la economía al considerar que la provisión de cuidado no siempre está sujeta a la oferta y la demanda del mercado (Pérez Orozco, 2009).

e) Desde la sociología, Bourdieu (1997) ha recalcado la desnaturalización de algunas prácticas de cuidado a las que históricamente se les adjudicó un carácter altruista y desinteresado, considerando que eran ajenas a las prácticas socioeconómicas y culturales y a la sostenibilidad del sistema social en su conjunto. Además subraya, por un lado, el concepto de sufrimiento social como camino para alcanzar un análisis psicosocial del objeto del bienestar y, por otro, alerta que ante situaciones de riesgo la disponibilidad de capital social facilita una gama de recursos que sirven para enfrentar las condiciones adversas de la enfermedad y la vulnerabilidad (Zibecchi, 2013; Krmpotic, 2011).

f) Las organizaciones de las Naciones Unidas -CEPAL, UNFPA, UNSRID- se concentran principalmente en los cuidados de la infancia con la intención de superar la pobreza infantil, las desigualdades sociales y las crisis económicas recurrentes. Se pone de relieve la importancia que asume el cuidado para el crecimiento económico y, sobre todo, para el desarrollo social. Con el fin de poder estimar la magnitud de las tareas del cuidado se diseñaron las Encuestas de Uso del Tiempo (una metodología que reveló su eficacia a partir de la Conferencia Internacional de la Mujer de 1995 en Beijing), que contribuyen a conocer cómo se distribuyen en los hogares los cuidados que se brindan, sus ámbitos y superposiciones con las actividades domésticas según sexo y clase social (Razavi, 2007; Pautassi, 2007; Pautassi y Zibecchi, 2010; Faur, 2012; Esquivel, 2012; Jelin, 2012; Arcidiácono y Zibecchi, 2013).

g) Otro enfoque interesante pone énfasis en la economía social del cuidado, que destaca los rasgos esenciales de la asistencia en su calidad de bien o servicio. La economía del cuidado es un espacio de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas, necesarias para la existencia, supervivencia y reproducción de las personas. Una alternativa sobre la economía del cuidado es la del trabajo de cuidado no remunerado del hogar. Así, el trabajo doméstico constituye un aspecto central del cuidado, aunque pueda o no complementarse con servicios pagos. La economía de cuidado ampliada se define como el sistema de reproducción social y de trabajo doméstico no remunerado realizado en el interior de los hogares y también por el sistema de provisión pública y privada de los servicios de cuidado. En ese sentido se resalta la dimensión de género, ya que permite observar la producción y el consumo del cuidado del cuerpo y la vida humana en tanto prácticas y relaciones cotidianas (Camejo, 2012; Pautassi, 2007; Pautassi y Zibecchi, 2010).

En una línea similar se hace referencia a la distribución social del cuidado basada en la oferta pública no estatal disponible: ONGs, instituciones religiosas y formas de voluntariado que se encargan del cuidado, especialmente el infantil, ante la escasa infraestructura pública. Existen en América latina algunos programas dedicados a personas de edad avanzada que contemplan la atención en centros o asistencia domiciliaria. Sin embargo, la cobertura de los servicios es en general muy limitada y aún se asemejan a planes piloto no demasiado consolidados. En varios países el Estado provee asistencia económica de distintos montos para financiar servicios de cuidado y de rehabilitación de personas con discapacidad, aunque los servicios domésticos son gastos privados realizados para un servicio también netamente privado (Zibecchi, 2013; CEPAL, 2013). Estas falencias se relacionan con débiles políticas públicas de cuidado y con programas fragmentados de escasa cobertura y bajo financiamiento.

h) El cuidado y quien lo ejerce (para sí o para otros), remite a un problema de ejercicio de derechos o de disminución de desigualdades como condición de una política pública. La forma de respetar la igualdad es el ejercicio de derechos integrales atribuibles a mujeres o niños sólo cuando se lo incorpora como derecho propio y universal (tanto para quienes deben ser cuidados como para quienes deben o quieren cuidar); es la forma de lograr avances en el reconocimiento de la calidad de vida ciudadana (Pautassi, 2007 y 2013). La perspectiva de derechos en esta materia implica una crítica al asistencialismo en relación con la capacidad de agencia de las mujeres, así como la autonomía de las personas que son sujetos de cuidados y los cuidadores. El cuidado como marco de las políticas permite potenciar y articular la agenda de los derechos sociales, especialmente en lo relativo al acceso universal a determinados servicios con ciertos estándares de calidad (CEPAL, 2013).

i) Otro abordaje del cuidado se vincula con la perspectiva de la integralidad en salud. Se trata de una práctica social y una construcción entre diferentes sujetos que pretende dar respuestas a un determinado problema de salud, tratando de articular intra e intersectorialmente mediante la ampliación de diversos espacios para la búsqueda de una mejor calidad de vida (Pinheiro, 2007). El cuidado es una interfase de la integralidad y apunta, básicamente, a un tipo de relación que incluye el amparo y la escucha del sujeto. Es un modo de hacer en la vida cotidiana que se caracteriza por la atención, responsabilidad, celo y desvelo hacia las personas. El cuidado consiste en un modo de vida específico delineado por aspectos políticos, sociales, culturales e históricos (Pinheiro, 2009).

El concepto de familia-red (Martins, 2006) incorpora los aspectos simbólicos de los arreglos familiares, la dimensión política y cultural de las alianzas y los conflictos, subrayando el rol de las redes sociales, la asociación democrática y las nociones de reciprocidad, solidaridad, confianza y dádiva. Las redes sociales incluyen las experiencias asociativas de familias, vecinos y amistades que se distinguen por su carácter menos visible, complejo y regulado si se las compara con las prácticas asociativas de la esfera institucional del mercado y el Estado (Fontes y Martins, 2006). Estas interacciones solidarias se desarrollan según la lógica originalmente planteada por Marcel Mauss de la dádiva o sistema del don, que permite visibilizar una forma de organización social caracterizada por la presencia de un sistema de intercambios recíprocos, promovido por la acción de dar–recibir–retribuir determinados bienes que circulan en la vida social. La perspectiva de la dádiva o del don permite comprender las complejas razones de organización de los individuos y los grupos sociales. En el sistema del don, la obligación colectiva y la libertad individual, el interés y el desinterés, la espontaneidad y la no espontaneidad son motivaciones igualmente válidas en la organización de la acción social (Martins, 2009).

En el campo del cuidado de la salud, estudiar las redes sociales y la dádiva a la luz de estas premisas permite dar visibilidad a diversas formas de arreglos familiares que intervienen en la vida cotidiana de las familias, facilitando las experiencias de cuidado de las personas enfermas o dependientes (Lacerda, Pinheiro y Guizardi, 2006).

Otro recurso válido para analizar la organización del cuidado es el concepto de itinerarios terapéuticos, que trata de sondear en las búsquedas, decisiones, negociaciones y evaluaciones que las personas efectúan durante el proceso de vivir en sus contextos de relaciones sociales. Como el cuidado se desarrolla principalmente en la esfera familiar, es allí donde se toman las decisiones sobre las estrategias para tratar la enfermedad y la búsqueda de cuidado. En las trayectorias del cuidado deben tenerse en cuenta, además de la familia, las redes de relaciones sociales mediadas por ella, por el usuario y por los servicios de salud (Bellato, Santos de Araujo y Castro, 2011; Leite y Vasconcellos, 2006).

Teniendo en cuenta este marco conceptual y a través de entrevistas a mujeres que cuidan, nuestro equipo construyó tipologías según diferentes formas de organización del cuidado familiar teniendo en cuenta, por un lado, el rol que comprende a cuidadoras principales que son aquéllas sobre las que recae la mayor responsabilidad de la asistencia y las subsidiarias o secundarias, que apoyan y ayudan en las tareas a la cuidadora principal (Delicado Useros, 2003) y, por el otro, las modalidades de convivencia con el familiar dependiente: las entrevistadas que conviven con la persona cuidada, las que residen en otro hogar y las que tienen a su familiar en una institución geriátrica. Los testimonios ponen en evidencia las múltiples tareas de cuidado que realizan las mujeres, aun cuando no convivan con el familiar y cuenten con el apoyo de personal especializado. Para la mayoría de las entrevistadas, las instituciones de salud que se ocupan de los adultos mayores deberían facilitar la trama burocrática y el acceso a los cuidados domiciliarios y formar a los profesionales de la salud para poder ponerse en el lugar del otro, reconocerlos como semejantes aun con sus diferencias, ser pacientes y saber ignorar el mal carácter de los adultos mayores (Findling, Ponce, Lehner y Venturiello, 2012).

h) Una última línea de investigaciones se centra en analizar, por una parte, los itinerarios laborales de mujeres que trabajan cuidando a personas y cómo encaran sus propios cuidados de la salud y, por la otra, la capacitación de los cuidadores domiciliarios y la regulación de las trabajadoras.
Algunos estudios muestran la poca visibilidad social que caracteriza el desempeño del trabajo de la cuidadora remunerada de ancianos y la dificultad para definir el rol del trabador/a que ejerce asistencia domiciliaria, ya que esta actividad conlleva una multiplicidad de tareas: debe contar con aptitudes de comunicación y de empatía con los adultos mayores pero requiere acentuar la firmeza de carácter que se necesita para ejercer un cierto dominio sobre la persona dependiente. Aquellos cuidadores que a partir de su tarea han decidido buscar una mayor profesionalización cuentan con más recursos que los que no se capacitaron para encarar su propio cuidado, tanto físico como mental (Borgeaud Garciandia, 2013; Findling, Champalbert, Lehner y Cirino, 2013).

Si bien algunos organismos públicos han encarado la realización de cursos de formación de cuidadores, habría que plantearse que la profesionalización exige un conjunto de conocimientos técnicos y generales de aquellas que asisten a personas, con las cuales se tejen relaciones particulares, lo cual supone una intrusión en la intimidad de personas frágiles o enfermas. Y aunque la sanción de la ley 26844 implica un avance para las trabajadoras remuneradas, esta normativa es insuficiente para modificar la discriminación del empleo doméstico. Hay pocas razones para vislumbrar que esta nueva Ley que contiene una normativa más exigente pueda mejorar el nivel de registro y el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras (Gherardi y Durán, 2013)

A modo de cierre

El creciente y rápido proceso de envejecimiento demográfico constituye un desafío que el Estado debería enfrentar para superar las desigualdades existentes con la implementación de programas para las personas más grandes que fortalezcan los sistemas de previsión social y salud y medidas específicas que les faciliten una mejor calidad de vida.

Sería importante que el servicio de cuidado en la Argentina ocupe un lugar más significativo en la agenda pública ya que actualmente aún es un tema privado, doméstico y familiar, lo que impide el reconocimiento de los derechos tanto de las personas mayores con problemas de salud como de las que las cuidan. El desafío consiste en implementar una política pública de cuidados integral para la protección de los derechos de los adultos mayores, de sus familiares y de los cuidadores remunerados.

No sólo se deberían diseñar estrategias específicas para enfrentar las consecuencias del envejecimiento de la población, sino también tener en cuenta antiguas demandas y nuevas necesidades para que las familias, y sobre todo las mujeres, no deban responder de forma individual a estas exigencias, a menudo a expensas de modificar su inserción en el mercado de trabajo.

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Anexo

Cuadro 1. Total del país. Indicadores demográficos del envejecimiento en los censos nacionales de los siglos XX y XXI

Año

Porcentaje de población de 65 y +

Esperanza de vida al nacer (en años)

Tasa global de fecundidad

Total

Varones

Mujeres

1914

2,3

2,1

2,5

48,5

5,3

1947

3,6

3,1

4,1

61,1

3,2

1960

5,6

5,4

5,9

66,4

3,1

1970

7,0

6,4

7,6

65,6

3,1

1980

8,2

7,2

9,2

68,9

3,3

1991

8,9

7,6

10,1

71,9

2,9

2001

9,9

8,3

11,5

73,8

2,4

2010

10,2

8,6

11,8

75,2

2,2

Fuente: INDEC (2004). Serie Análisis Demográfico N° 30.

Cuadro 2. Porcentaje de población de 65 años y más por provincia, total y según sexo. Año 2010

Provincia

Porcentaje de población de 65 años y más

Total

Mujeres

Varones

CABA

16,4

19,3

13,0

Santa Fe

11,8

13,8

9,6

Córdoba

11,2

12,9

9,3

La Pampa

11,2

12,6

9,8

Buenos Aires

10,7

12,4

8,9

Entre Ríos

10,3

12,0

8,5

Mendoza

10,3

11,6

8,8

San Luis

8,7

9,8

7,6

San Juan

8,7

9,8

7,5

Río Negro

8,5

9,3

7,7

Tucumán

8,0

9,1

6,9

Corrientes

7,9

8,8

6,9

Catamarca

7,9

9,0

6,8

Sgo. del Estero

7,7

8,5

6,8

Chubut

7,4

8,3

6,5

Jujuy

7,2

7,8

6,6

La Rioja

7,2

8,0

6,3

Formosa

7,0

7,4

6,6

Chaco

7,0

7,8

6,1

Salta

7,0

7,6

6,4

Neuquén

6,6

7,2

5,9

Misiones

6,3

6,7

5,8

Santa Cruz

5,3

5,9

4,7

Tierra del Fuego

3,8

4,3

3,4

* Incluye Antártida e Islas del Atlántico Sur

Fuente: INDEC (2004). Serie Análisis Demográfico N° 30.

Cuadro 3. Total del país y jurisdicciones seleccionadas. Distribución relativa de la población de 65 años y más según sexo y grupos quinquenales de edad. Año 2010
Edades quin­que­nales

CABA

GBA

Total país

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Mujeres

65-69

30,9

24,9

35,8

29,5

35,2

29,0

70-74

23,9

21,2

26,3

24,0

26,2

23,8

75-79

19,9

19,5

19,2

20,0

19,2

19,8

80-84

14,7

17,5

11,7

14,9

12,0

15,0

85-89

7,8

11,0

5,3

8,1

5,5

8,5

90-94

2,3

4,4

1,4

2,8

1,6

3,1

95-99

0,5

1,2

0,2

0,7

0,3

0,8

100 y más

0,1

0,2

0.0

0.1

0,0

0,1

Total

100,0

100,0

100.0

100.0

100,0

100,0

N

172.611

301.460

397.479

591.229

1.674.142

2.430.506

Fuente: INDEC (2004). Serie Análisis Demográfico N° 30.

Gráfico 1. Envejecimiento[3] de la población de adultos mayores por provincia. Varones. Censos nacionales 1970 a 2010

15

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. Censo Nacional de Población y Viviendas 1980 y 1991. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

Gráfico 2. Envejecimiento de la población de adultos mayores por provincia. Mujeres. Censos nacionales 1970 a 2010

16

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. Censo Nacional de Población y Viviendas 1980 y 1991. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

Gráfico 3. Total del país. Índice de dependencia potencial[4] de padres por provincia, según censos nacionales 1970 a 2010

17

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas 1970. Censo Nacional de Población y Viviendas 1980 y 1991. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.

Gráfico 4. Total del país. Población total y población de adultos mayores por prevalencia de dificultad o limitación permanente[5], según sexo y grupo de edad. Año 2010

18

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Cuadro 4. Población de 65 años y más según características seleccionadas por regiones geográficas 

Autopercepción de salud, movilidad, autovalencia

GBA

%

Pampea­na %

NOA

%

NEA

%

Cuyo

%

Patagó­nica

%

Considera que su estado de salud es excelente/ bueno

15,3

18,8

11,5

12,9

11,8

14,2

No tiene proble­mas para

caminar

67,6

67,0

61,1

65,9

64,2

69.6

lavarse/
vestirse solo

94,1

91,5

89,0

90,7

89,6

92.7

realizar activida­des cotidianas

81,0

78,9

75,1

77,7

77,4

81.7

No sintió dolor/ malestar (día encuesta)

45,6

48,5

39,7

46,8

40,2

49,1

No experimentó ansiedad o depresión (día encuesta)

73,3

77,3

69,5

72,9

66,3

80,5

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la ENFR 2009

Cuadro 5. Población de 65 años y más según características sociodemográficas seleccionadas por variables de salud. GBA, 2009

Tiene problemas de movilidad

Tiene dificultades para lavarse o vestirse solo

Tiene problemas para realizar actividades cotidianas

%

%

%

Sexo

Varón

31,1

3,3

14,4

Mujer

33,2

7,8

22,3

Grupos de edad

65-74

24,1

4,4

16,5

75-84

41,5

5,8

21,6

85+

60,3

19,5

28,9

Tipo de hogar

Unipersonal

36,1

10,0

21,4

Conyugal completo de pareja sola

28,0

4,1

15,2

Conyugal completo con hijos y/o otras personas

34,0

3,9

21,4

Conyugal incompleto con o sin otras personas

26,7

4,7

12,9

Multipersonal no conyugal

44,2

11,7

30,3

Total

32,4

5,9

19,0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la ENFR 2009

Cuadro 6. Población de 65 años y más según características sociodemográficas seleccionadas por variables de salud. GBA, 2009

Consulta al médico en los últimos 30 días

Malestar o problema de salud en los últimos 30 días

En hogares donde hay al menos una persona discapacitada

%

%

%

Sexo

Varón

54,7

21,9

42,3

Mujer

65,8

39,9

48,2

Grupos de edad

65-74

57,1

35,4

41,3

75-84

68,9

22,0

50,4

85+

59,0

29,0

61,6

Tipo de hogar

Unipersonal

64,2

24,5

42,5

Conyugal completo de pareja sola

65,3

22,8

43,1

Conyugal completo con hijos y/o otras personas

56,3

37,3

45,5

Conyugal incompleto con o sin otras personas

46,4

47,4

47,6

Multipersonal no conyugal

74,7

9,7

63,7

Total

61,2

31,3

45,8

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la ENFR 2009

Gráfico 5. Total del país. Población de 65 años y más por percepción de jubilación o pensión, según provincia. Años 2001-2010

19

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Gráfico 6. Total del país. Población de 65 años y más por percepción de jubilación o pensión, según sexo y grupo de edad. Año 2010

20

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Gráfico 7. Total del país. Población de 65 años y más por tenencia de cobertura de salud, según sexo y grupo de edad. Año 2010

21

Cobertura de salud incluye obra social, prepaga y/o programas o planes estatales de salud. 
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.

Cuadro 7. Población de 65 años y más en hogares particulares, por tipo de hogar en el que vive, según provincia. Años 2001 y 2010

Juris­dicción

Tipo de hogar

Familiar

No familiar

Nuclear

Extendido o compuesto

Unipersonal

Multipersonal

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

Total del país

44,5

45,6

34,9

31,9

19,7

21,6

0,9

0,9

CABA

46,5

47,4

25,6

21,8

26,7

29,3

1,3

1,4

Buenos Aires

47,0

47,3

33,0

30,5

19,3

21,3

0,7

0,8

Cata­marca

32,5

35,2

52,8

48,1

13,8

15,8

0,8

0,9

Chaco

37,2

39,4

45,2

41,2

16,8

18,5

0,8

0,8

Chubut

43,3

44,1

34,4

32,0

20,9

22,8

1,4

1,1

Córdoba

45,6

47,4

33,8

29,5

19,6

22,2

0,9

0,9

Corrien­tes

36,1

38,8

47,8

43,6

14,9

16,4

1,1

1,1

Entre Ríos

44,0

46,9

35,1

29,7

19,9

22,5

1,0

0,9

Formosa

34,1

33,8

48,7

48,0

16,0

16,8

1,2

1,3

Jujuy

32,5

35,3

52,1

49,0

14,7

15,0

0,6

0,7

La Pampa

47,4

50,2

27,4

22,2

24,3

26,7

0,9

0,8

La Rioja

33,9

36,7

52,1

46,7

13,1

15,8

0,9

0,8

Mendoza

45,3

47,4

38,7

34,4

15,2

17,3

0,9

0,8

Misiones

41,3

42,3

39,9

36,3

18,0

20,4

0,9

1,0

Neuquén

41,0

44,5

40,4

33,6

17,5

20,9

1,1

0,9

Río Negro

43,6

45,8

35,2

31,1

20,1

22,2

1,0

0,9

Salta

31,1

33,1

54,5

51,7

13,4

14,4

0,9

0,9

San Juan

41,8

43,7

44,7

40,8

12,9

14,7

0,6

0,8

San Luis

41,3

43,5

39,3

36,1

18,0

19,4

1,3

1,0

Santa Cruz

40,8

42,5

36,5

34,0

20,3

21,9

2,4

1,7

Santa Fe

46,6

47,9

31,1

27,2

21,5

24,1

0,7

0,8

Santiago del Estero

31,9

33,7

54,6

50,6

12,6

14,8

0,8

0,9

Tierra del Fuego

36,5

39,8

44,0

37,8

17,5

20,4

2,0

1,9

Tucumán

35,6

36,8

51,7

48,8

12,1

13,7

0,6

0,7

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010.


  1. Proyecto: Desigualdades en salud: de las evidencias a los indicios. (UBACYT 2003-2005) Elsa López y Liliana Findling (Directora y Co-Directora). Mónica Abramzón, Marisa Ponce, Paula Lehner, María Pía Venturiello y Silvia Mario (integrantes del equipo de investigación). Instituto de Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias Sociales – UBA
  2. Proyecto UBACyT 2011-14. Elsa Mabel López y Liliana Findling (Directora y Co-Directora), Marisa Ponce, Paula Lehner, María Pía Venturiello, Silvia Mario y Laura Champalbert (integrantes del equipo de investigación). Instituto de Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias Sociales – UBA
  3. Porcentaje de población de 80 años y más sobre el total de la población.
  4. El índice de dependencia potencial de padres indica la cantidad de personas de 80 años y más (adultos mayores) por cada 100 personas de 50 a 64 años (potenciales hijos de las personas en edades extremas).
  5. La dificultad o limitación permanente incluye a las personas que cuentan con certificado de discapacidad y aquellas que no lo poseen pero declaran tener alguna/s dificultad/es o limitación/es permanente/s para ver, oír, moverse, entender o aprender.


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