Un nuevo peak de emisiones de dióxido de azufre se registró hace unos días en las llamadas zonas de sacrificio en Quintero y Puchuncaví.
La situación obligó a establecer una alerta ambiental para la zona por un periodo de dos horas, causando la preocupación de vecinos del sector y parlamentarios de la zona.
Tras estos hechos, la Seremi de Medio Ambiente le instruyó a la empresa Codelco actualizar el Plan Operacional pertinente con el objetivo de evitar que esto ocurra.
Sin embargo, desde la corporación interpusieron un recurso de reposición que señala que “se encuentran con un fundamento inexistente -o a lo menos- insuficiente, ya que la Seremi no indica por qué se justificaría la necesidad de modificar el Plan Operacional”.
El diputado Andrés Longton reprochó esta disposición señalando que están objetando una actualización necesaria, ya que la situación se arrastra hace décadas.
En esa misma línea, la diputada Carolina Marzán agregó que se debe realizar una fiscalización exhaustiva de todas las empresas de esta zona, ya que las personas que viven en este lugar están sufriendo una doble pandemia: el Covid-19 y los episodios de contaminación.
Ambos diputados concuerdan en señalar que no es posible que a dos años del episodio de la contaminación masiva en Quintero y Puchuncaví, aún no se tenga resoluciones concretas en cuanto a las responsabilidades de estos hechos.
Agregan que hay una demora excesiva en los informes de la Superintendencia de Medio Ambiente, por lo que seguirán exigiendo transparentar la información pertinente.
