Desde hace siete años que la federación formalizó el convenio con el gobierno de Sinaloa, el avance de la construcción de la presa Santa María se ha visto entrampado por incumplimientos de los gobiernos federal y estatal, lo que ha llevado a que el contrato que la federación firmó con ICA, no solo se haya modificado en nueve ocasiones, sino que además incremente su costo.

El 19 de junio de 2013, en el Diario Oficial de la Federación se publicó dicho convenio que tiene una ejecución multianual con recursos presupuestarios federales que durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto no fluyeron lo suficiente para que se cumpliera con la fecha de terminación que fue el 2018.

Por su parte, el Gobierno del Estado de Sinaloa, con el exgobernador Mario López Valdez, acordó a resolver cualquier conflicto que se suscitara por el uso de la superficie en la que se proyectó la obra.

En la cláusula décima, “la entidad federativa se compromete en el ámbito de sus respectivas competencias, a sacar en paz y a salvo a la comisión (Conagua) respecto de cualquier conflicto que se suscite con motivo de la suscripción y ejecución de las acciones objeto del presente convenio en materia de conflictos sociales y de tenencia de la tierra en todos los casos. Y han sido precisamente éstos últimos los temas heredados por López Valdez, que no han sido resueltos  todavía, en la gestión de Quirino Ordaz Coppel.

Hace 10 meses, el 15 de agosto de 2019, los comuneros obtuvieron una demanda de amparo que impedía a la constructora ICA y a la Conagua, tocar 16 mil hectáreas, por orden del Juez Décimo de Distrito.

Alejandro Espinoza Balderrama, abogado de los comuneros de Santa María declaró entonces que los permisos y licencias que se encontraran en trámite, como cambio de uso de suelo, y de cualquier otro tipo, también quedaban detenidos.

El motivo, dijo, que se violaron los derechos de los comuneros durante cinco años y medio, no se respetó a la propiedad comunal, el pago de avalúos de bienes distintos  a la tierra fue incorrecto y completamente en desventaja hacia los dueños de la superficie donde se construye la presa.

El 15 de mayo pasado, es decir nueve meses después de la demanda de amparo, Quirino Ordaz  informó que “se llegó a un acuerdo con los comuneros para reactivar las obras que habían estado interrumpidas y que la inversión no se fuera a otro estado”.

“Gracias a un acuerdo logrado este día con los comuneros de la presa Santa María, se reiniciarán los trabajos de construcción de esta magna obra hidráulica, que habían estado interrumpidos por algunas inconformidades de los comuneros (…) ello permitirá la reactivación económica del sur del estado, pues los recursos ya autorizados por la Comisión Nacional del Agua no se irán a otros estados, riesgo que se corría con la paralización de la obra”.

A falta de mayor información y detalles, Ríodoce entrevistó al abogado de los comuneros al respecto, e informó que efectivamente habían firmado un acuerdo de desistimiento ante un notario público.

Pero en medio de la crisis que la pandemia del coronavirus causó en todo el país, en el caso de Sinaloa obligó al cierre de muchas dependencias, incluyendo los juzgados, por lo que el procedimiento legal para que el proceso corriera su curso, sigue al día de hoy sin efecto.

En este sentido, el diputado local, Edgar González Zataráin consideró que las declaraciones del gobernador eran mediáticas y apresuradas porque al día de hoy no existe la orden de un juez que permita a la Conagua e ICA entrar a trabajar

Señaló que no era suficiente mandar el mensaje de que se está avanzando, “hay que ser claros, hablar con la verdad; este tema no es tan sencillo, y no está a la vuelta de la esquina”.

A siete años de que el DOF publicó las obligaciones de cada una de las partes, la obra en la que se estimaba en 2015 una inversión de casi 8 mil millones de pesos, sigue detenida.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció durante su primera gira en Rosario, en enero de 2019, invertir 1 mil 200 millones de pesos, y si éstos se ejercían, autorizar otros 250 millones de pesos.

Pero el 2019 pasó con más pena que gloria para la obra con la que se pretende beneficiar a 2 mil 551 familias y generar 12 mil 500 empleos directos e indirectos.

De acuerdo información proporcionada por la Conagua a través de acceso a la información pública, hasta febrero de 2020, el avance físico reportado en 2019 era del .18 por ciento.

Se solicitó a Conagua además el calendario de inversión proyectado para 2020, siendo éste de 1,646 millones 951 mil 543.07 pesos distribuidos de enero a diciembre.

También se pidió a la paraestatal proporcionara las estimaciones mensuales del monto al que ascendió el costo por tener detenida la obra en 2019 y lo que iba transcurrido del 2020, pero respondió que la empresa todavía no presentaba de manera oficial los gastos no recuperables que se han generado a motivo de la interrupción de actividades a consecuencia del amparo 537/2019, interpuesto por las autoridades del Comisariado.

Al amparo del convenio modificatorio número 09, ICA se mantiene como la constructora al frente del proyecto, que según las últimas estimaciones hechas por la titular de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, hace casi un año, se concluiría en 2021.

Fechas clave de la presa Santa María

19 junio 2013 DOF publica convenio de colaboración

13 enero 2015 ICA firma convenio para construir la presa

20 marzo 2015 “Banderazo” de inicio

Junio de 2015 Profepa suspendió la obra por la tala de árboles e incumplimiento en el cambio de uso de suelo.

14 de agosto 2019 Comuneros ganan demanda de amparo

15 de mayo 2020 Quirino anuncia “reactivación” de la obra