La Corte Suprema exige que los tribunales inferiores excluyan a los extranjeros ilegales del censo

Por Matthew Vadum
28 de diciembre de 2020 10:25 PM Actualizado: 28 de diciembre de 2020 10:25 PM

La Corte Suprema rechazó dos decisiones, de tribunales inferiores, que estaban en contra de un reciente fallo que le permitía a la administración Trump eliminar a los extranjeros ilegales del conteo del Censo de 2020. Los veredictos de los tribunales inferiores buscaban prohibirle al gobierno que eliminara a esa población del proceso que asigna escaños al Congreso y votos del Colegio Electoral, los cuales determinan oficialmente la presidencia.

En los casos, Trump v. Useche de Maryland y Trump v. Ciudad de San José del Distrito Norte de California, la Corte Suprema anuló las sentencias de los tribunales inferiores, enviando los casos de regreso a esos tribunales «con instrucciones de desestimarlos por falta de jurisdicción».

La orden no firmada no explica por qué la corte actuó en este momento, pero hizo referencia a una decisión que tomó el 18 de diciembre en el caso Trump v. Nueva York.

En Trump v.Nueva York, la Corte Suprema criticó algunas de las cuestiones legales planteadas, lo que permitió a la administración Trump intentar implementar su política de conteo por ahora, aunque se espera que el procesamiento de los datos del Censo de 2020 concluya en las próximas semanas. La ley existente requiere que el presidente presente un informe de redistribución obligatorio ante el Congreso, lo que podría conducir a una reducción de los fondos federales en los estados con grandes poblaciones de extranjeros ilegales.

La administración Trump quería que los extranjeros ilegales se eliminaran del recuento del censo decenal para evitar que tuvieran un impacto en la distribución del poder político entre los estados.

Los gobiernos estatales y locales, incluidas las denominadas jurisdicciones santuario, que se niegan a cooperar con los funcionarios federales de inmigración, presentaron una demanda para evitar que el plan de la administración avanzara. Argumentaron que el presidente Donald Trump, un republicano, estaba intentando interferir con el conteo y evitar que las áreas de tendencia demócrata, con grandes poblaciones de inmigrantes ilegales, obtuvieran escaños en el Congreso.

Pero en la decisión del 18 de diciembre, el tribunal superior determinó que su impugnación era prematura porque no podían demostrar ninguna supuesta lesión concreta que pudieran sufrir. Y dejó abierta la posibilidad de más desafíos en el futuro, reconociendo que la administración Trump puede tener dificultades para implementar su política.

“En la actualidad, este caso está plagado de contingencias y especulaciones que impiden revisiones judiciales”, afirmó el tribunal.

Los tres jueces liberales, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, discreparon de los dos fallos del 28 de diciembre por las mismas razones por las que discreparon del fallo del tribunal en el caso Trump v. Nueva York.

En ese disenso, Breyer escribió: «El significado claro de los estatutos que gobiernan, décadas de práctica histórica y las interpretaciones uniformes de las tres ramas del gobierno demuestran que los extranjeros sin estatus legal no pueden ser excluidos del censo decenal únicamente a causa de ese estatus».

Después de que la corte se pronunciara el 28 de diciembre, el fiscal general de California, Xavier Becerra, dijo que no estaba de acuerdo con el nuevo fallo del caso Trump v.Ciudad de San José.

“Un censo completo y preciso consiste en garantizar que se escuchen todas nuestras voces y que nuestros estados obtengan los recursos que protegen la salud y el bienestar de todas nuestras comunidades”, dijo en un comunicado.

“Seguimos comprometidos con el principio fundamental de que todos cuentan. Aquí en California, continuaremos defendiendo a todas y cada una de las personas que llaman hogar a nuestro estado”.

El candidato presidencial demócrata Joe Biden, que ha declarado la victoria en la aún disputada contienda presidencial, ha dicho que planea nominar a Becerra, un demócrata, como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.

Benjamin Duke, el abogado de la litigante Natalia Useche en el otro caso, no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.


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