El 21 de marzo de 1960, en la ciudad de sudafricana de Sharpeville, agentes de la policía racista abrieron fuego contra un grupo de personas que protestaban pacíficamente contra la aprobación de la “ley de pases”. Esta ley formaba parte de la política de segregación racial creada para limitar los derechos de las personas negras y mantener la dominación de la minoría blanca. Para lograrlo obligaba a la población negra sudafricana a llevar un pase para controlar y restringir sus desplazamientos en zonas urbanas y rurales del país.
En la masacre murieron 69 personas, entre ellas mujeres y niños, y más de un centenar resultaron heridas, todas ellas negras. La masacre en Sharpeville, un acto criminal inherente a la segregación racial, provocó una oleada mundial de protestas y fue condenada por Naciones Unidas. Hoy es recordada cada 21 de marzo, día que se instituyó como el Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Hilera de tumbas de las 69 personas asesinadas por la policía durante una protesta en la ciudad de Sharpeville, el 21 de marzo de 1960. © Andrew Hall, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Más de 60 años después de la masacre de Sharpeville y de la proliferación de normas y estándares internacionales que imponen obligaciones a los Estados para poner fin a todas las formas de discriminación por razón de raza y etnia, en nuestro día a día se siguen llevando a cabo prácticas y actuaciones que ponen en evidencia y perpetúan el racismo por parte de las diferentes instituciones tanto nacionales como internacionales.
Con motivo del 21 de marzo, queremos hacer especial énfasis en las prácticas racistas menos visibles que se siguen produciendo en el ámbito migratorio, sobre todo, en el control fronterizo, no solo para visibilizar un problema de base racista, sino también para que se puedan acometer reformas legislativas y de políticas públicas para poner fin a estas prácticas.
La política de impunidad y excepcionalidad en las fronteras
Las muertes y desapariciones en la frontera sur de España con Marruecos en manos del sistema de control migratorio criminal europeo, así como los crímenes dentro del Estado español en las fronteras invisibles, son un ejemplo del racismo institucional que respalda y oculta las muertes de migrantes en su intento de llegar a España.
Nueve años después de la tragedia del Tarajal en la que agentes de la Guardia Civil hicieron un uso excesivo de la fuerza y de material antidisturbios (pelotas de goma y botes de humo) que lanzaron hacia el agua para evitar que varias personas alcanzaran tierra firme, sigue sin haber justicia y reparación para las víctimas. Este caso ha sido archivado en repetidas ocasiones y se han desestimado todas las apelaciones. La Fiscalía se ha opuesto a impulsar la investigación al considerar que “los agentes mantuvieron una conducta proporcionada a la gravedad de los hechos que se estaban produciendo”. Pero sigue siendo necesaria una investigación exhaustiva que establezca responsabilidades y esclarezca la muerte de, al menos, 14 personas y la devolución ilegal de 23, que sigue vigente.
Acto público de Amnistía Internacional en el que se colocaron siluetas de personas migrantes a la entrada del Palacio de la Moncloa para recordar a las, al menos, 23 personas que murieron el 24 de junio de 2022. © LaPresse/Shutterstock
Más de 60 años después de lo ocurrido en Sharpeville, con la masacre en el puesto fronterizo del Barrio Chino de Melilla del 24 de junio del año pasado, constatamos que el trato más cruel, inhumano y degradante se dirigió hacia personas negras. Ese día, la forma de actuar de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes contribuyó a que más de 100 personas fallecieran o desaparecieran y se realizaron, al menos, 470 devoluciones en caliente, según datos del Defensor del Pueblo. Se trata de la más reciente y a la vez una de las mayores tragedias en la frontera española con Marruecos en lo que llevamos de siglo XXI. La Relatora Especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial y xenofobia afirmó que la violencia de Melilla "revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, es decir, discriminación racial y violencia mortífera para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio, y de otras poblaciones no blancas".Los hechos ocurridos en Melilla y recogidos en el último informe publicado por Amnistía Internacional no pueden quedar impunes y es necesario que se determine la responsabilidad tanto del Estado español como de Marruecos.
Entre las muertes del Tarajal y de Melilla han transcurrido más de ocho años, pero corremos el grave riesgo de que el resultado de las investigaciones sea el mismo: la impunidad y falta de reparación de las víctimas, personas negras de origen subsahariano. Estos no son casos aislados. El desenlace habitual de las investigaciones sobre tragedias migratorias de personas que intentan alcanzar suelo español suele ser el mismo: la impunidad sin culpables oficiales.
La impunidad de estas tragedias evidencia el racismo institucional del Estado español en la deshumanización de las personas migrantes que provienen de África, en la política de encubrimiento y en la falta de respuesta y de investigación ante la muerte de decenas de personas, así como en la falta de asunción de responsabilidades por parte de los gobiernos implicados.
Un manifestante sostiene una pancarta durante una manifestación en solidaridad con las personas migrantes. © Jesus Merida/SOPA Images/Shutterstock
Las políticas de doble rasero y el acceso discriminatorio a la protección internacional
En la actualidad existen más de cien millones de personas desplazadas de manera forzada. Pero las políticas de la Unión Europea en materia de protección internacional no se aplican por igual a todas las personas.
En la frontera sur entre España y Marruecos, las personas negras están sufriendo una violencia letal, tortura y otros malos tratos, abusos, devoluciones, desapariciones y traslados forzados, entre otras atroces violaciones de derechos humanos. Las políticasde externalización del control migratorio están demostrando tener consecuencias letales: alientan los abusos contra los derechos humanos e impiden, por ejemplo, en la práctica, que las personas puedan pedir asilo sin saltar la valla o sin arriesgarse a perder la vida en el agua. Durante años, las políticas de asilo en Ceuta y Melilla se han aplicado de manera excepcional, la negativa por parte del Ministerio del Interior de permitir que las personas solicitantes de asilo que estaban en Ceuta y Melilla pudiesen moverse libremente por todo el territorio nacional ha sido objeto de reproche por parte de los tribunales de justicia en más de 20 ocasiones. Un tiempo en el que Amnistía Internacional ha denunciado que, en las ciudades autónomas, “no se garantiza la aplicación de la Ley de Asilo de la misma manera que en la Península” y que “algunas nacionalidades, como la marroquí o la argelina, sufren discriminación a la hora de ser trasladadas a la Península”.
Quizá la discriminación en el acceso a la protección internacional ha sido visibilizada por la aplicación por primera vez de la Directiva de Protección Temporal (DPT)del pasado 3 de marzo de 2022, activada para otorgar protección a las personas que huyen del conflicto de Ucrania. Si bien la adopción de la DPT supuso un hito cuando se adoptó en 2001, ha tardado más de 20 años en ser aplicada. ¿Por qué esta medida incluye únicamente a personas ucranianas, apátridas y refugiadas, dejando fuera a miles de personas en situación irregular, solicitantes de refugio, estudiantes y población trabajadora temporal, residentes en el país? ¿Y por qué no se ha adoptado anteriormente en el marco de otros conflictos como el de Siria?
El Estado español desplegó una serie de medidas destinadas a recibir y atender a las personas que huyen de la guerra de Ucrania y gestionó en tiempo récord 125.000 solicitudes de protección temporal, otorgando permisos de trabajo y documentación que permite el acceso a la sanidad o empadronamiento. Sin embargo, quienes llegan de otras guerras se siguen enfrentando a devoluciones sumarias e ilegales, al uso excesivo de la fuerza y a meses de espera para poder solicitar protección internacional. Este es, por ejemplo, el caso de personas procedentes de otros países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur en España ante la carencia de rutas legales y seguras, y han recibido un trato discriminatorio y, en ocasiones, cruel por parte de las autoridades españolas, tanto en Melilla y Ceuta, como en las islas Canarias.
“Las personas procedentes de otros países en conflicto como Malí, que intentan llegar de manera irregular a través de la frontera sur en España ante la carencia de rutas legales y seguras, han recibido un trato discriminatorio y, en ocasiones, cruel por parte de las autoridades españolas, tanto en Melilla y Ceuta, como en las islas Canarias.”
Este mecanismo pone en evidencia que la Unión Europea y el Estado español poseen mecanismos de respuesta solidaria y capacidad de actuar de forma humanitaria para hacer frente a las necesidades de protección internacional y acogida de todas las personas. No obstante, deben buscar el trato igualitario, descartando el doble rasero en políticas de refugio y asilo y adoptando medidas para hacer frente a la degradación del sistema de acogida de forma no discriminatoria. Los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar que todas las personas que se ven forzadas a desplazarse, independientemente de su procedencia, tienen acceso igualitario a un procedimiento de asilo justo y rápido.
Cientos de personas se manifestaron en el centro de Barcelona y formaron un altar en la plaza Idrissa Diallo con motivo de la masacre de Melilla. © Paco Freire/SOPA Images/Shutterstock
El criterio del perfil racial en las identificaciones policiales
El perfil racial es un criterio normalizado en la práctica policial de control e identificación en que se pide la documentación a personas seleccionadas exclusivamente por su raza o etnia y no por el hecho de haber cometido alguna falta administrativa, acción delictiva y/o tener sospechas razonables de ello. Actualmente, en el territorio español, la policía identifica tres veces más a las personas no-blancas que a las nacionales, criminalizando y exponiendo a aquellas a situaciones de riesgo, según un informe de SOS Racisme que constata que la población migrante residente en Cataluña representa el 19,59% de las identificaciones policiales, mientras que la población nacional, el 2,63%.
Este es el caso de Okba Mohammad, periodista sirio que lleva 3 años residiendo en Madrid debido a la guerra en su país, cuando pasea por su barrio: “A diario la policía para a gente racializada para cachearla y pedir sus documentos”. Y si las identificaciones sin ningún indicio de delito son cuestionables, peor es cuando entra en juego la violencia. “El otro día un grupo de policías pararon a un chico negro de manera muy violenta. Uno de los agentes le puso el codo en su cuello mientras le decía: ¡no te dejo respirar!”. ¿El por qué? “Tienen un perfil sospechoso”.
Estas identificaciones por perfil racial se dan de forma generalizada, desproporcionada y con total impunidad, tanto en espacios públicos como privados, y deben prohibirse explícitamente.
Cientos de personas se manifestaron en el centro de Barcelona contra el racismo. © Paco Freire/SOPA Images/Shutterstock
Control fronterizo migratorio
El perfil racial también ocurre en las fronteras, en el marco del control migratorio, provocando una grave estigmatización y sentimiento de dolor y frustración entre las personas que son seleccionadas para realizar los controles fronterizos aleatorios.
A pesar de que el ordenamiento jurídico español prohíbe las identificaciones discriminatorias, el TC español es el único de Europa que justifica las identificaciones por color de piel u otros supuestos étnicos cuando se producen en el marco del control migratorio, según ha podido constatar la organización SOS Racisme. Pero estas prácticas raciales son ilegales y discriminatorias porque asumen implícitamente la idea falsa de que la población española es blanca, además de ser inefectivas y criminalizadoras, y “hacer sentir a muchas personas ciudadanas de segunda”, como ha manifestado Dionne Abdoelhafiezkhan, de la organización contra el racismo Control Alt Delete.
El Tribunal de Apelación de Países Bajos ha dictado recientemente una sentencia histórica prohibiendo el uso de perfiles étnicos por parte de la policía de fronteras neerlandesa por considerar que esta práctica constituye una forma especialmente grave de discriminación racial, y aclarando que el aspecto y el color de una persona no indican su nacionalidad.
El uso de perfiles étnicos y raciales sigue siendo una realidad vigente. Las instituciones y la administración tienen la obligación de intervenir urgentemente para garantizar que el criterio de la raza en las decisiones sobre la selección e identificación policiales sea explícitamente prohibido y activamente perseguido en la medida en que es una forma de discriminación racial.
Mpanzu Bamenga (M) tras el veredicto del tribunal sobre si la Royal Netherlands Marechaussee es culpable de elaborar perfiles raciales al controlar a las personas que entran en el país. © Hollandse Hoogte/Shutterstock
Estas son algunas de las prácticas que siguen poniendo en evidencia el racismo existente en las instituciones cuando hablamos sobre todo de migración y refugio. Un racismo que sigue discriminando personas por razón de su color, raza y etnia dentro de las propias estructuras institucionales. Como nos contó en esta entrevista Sidi Tabebbuia, abogado experto en Derecho Internacional Privado y de origen saharaui, “el racismo institucional hay que erradicarlo desde dentro, trabajando para cambiar la norma”. Para el jurista, la fórmula idónea sería “con las normas, cambiando las prácticas y formando al personal de las instituciones”. Ahora, tal vez, sea el momento de conseguirlo. Con la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que se aprobó en julio de 2022, Sidi asegura que puede ser una manera de avanzar. Eso sí, hay que ser prudentes. “Si se quiere hacer una Ley contra el Racismo, se debería hacer de forma transversal, entre todas las estructuras y normativas”.
Al respecto es necesario que avance el proyecto de Ley contra el racismo, la discriminación racial y formas inconexas de intolerancia, que contribuya a situar al Estado en una posición de lucha activa contra el racismo, mejore la atención a las víctimas de la discriminación racial, así como el marco normativo, evite prácticas ilegales de perfil racial y combata los altos niveles de impunidad de los actos de discriminación racial y las formas conexas de intolerancia.
