Tal cual denunciamos desde un comienzo desde el Partido Obrero, la constituyente convocada por Sáenz, donde tuvo una amplia mayoría, no tiene ni un ápice de democrática.

Presentada como un acontecimiento inédito donde “el poder limitaría al poder” terminó siendo todo lo contrario. Habrá dos mandatos en todos los cargos pero los que actualmente los ejercen podrían tener 3, ya que no hay cláusula transitoria que aclare que el actual mandato en curso es el primero. De este modo Sáenz, que jura que renuncia a un tercer mandato como los que tuvieron Romero y Urtubey, podrá acceder a un tercero a partir de la maniobra establecida en la reforma. Lo mismo vale para los intendentes en ejercicio, con la salvedad de que antes de la reforma la reelección de estos era indefinida. Por su parte los jueces de Corte pasan de 6 a 10 años y refuerzan su dependencia del poder de turno, algo similar pasa con la Auditoria. Se produjo una reforma reaccionaria en el sistema de elección de concejales extendiendo los mandatos de dos a 4 años y estableciendo una renovación por mitades en los pueblos medianos y grandes, lo que lo que junto con el piso proscriptivo del 5% que se mantiene intacto, se convierte en una suerte de blindaje para que no ingrese la oposición y se refuerce al extremo el control de los concejos por el intendente de turno. Queda en pie el régimen que sirvió y sirve como anillo al dedo al de Romero-Urtubey y ahora de Sáenz. Se mantiene el Senado donde por el sistema electoral que deforma completamente el valor del voto, el que gana se lleva al menos el 70 % de los cargos y tiene con ello poder de veto sobre el poder legislativo.

Y por supuesto, como hemos denunciado, estuvo ausente y prohibida desde la sanción de la ley de convocatoria, la consideración de medidas para sacar a Salta del primer lugar por niveles de pobreza y también de ser la provincia más desigual en donde la riqueza se concentra cada vez en menos manos.

Desde su composición se pudo ver una farsa, ya que una parte importante de los agrupamientos oficialistas integraron para las elecciones provinciales el Frente de Todos, que en la convención hace el papel de opositor. Tan es así, que Pamela Calleti diputada nacional electa por el FdT, no formó parte en la constituyente del bloque de ese frente sino de uno de los bloques oficialistas.

Con respecto a la Corte de Justicia hay una coincidencia del oficialismo y el FdT en que los jueces de Corte tengan un único mandato de 10 años (hoy es de 6 con posibilidad de reelección). En estos momentos, hay 4 miembros de la corte que están por terminar su mandato. Recordemos que Sáenz elevó de 7 a 9 los miembros de la corte y nombró a dos, entre ellos al defensor de Blaquier quien también es su abogado. Con esto Sáenz puede contar con una corte completamente funcional a su impunidad hasta finalizado un supuesto tercer mandato al cual podría acceder. Esta reforma que la presentan como progresiva, no modifica el principal problema que es que el gobernador designa a los jueces de corte con acuerdo del senado.

En el caso de la Auditoría General, Sáenz se apresuró a que se nombren dos auditores que estaban vacantes días antes de que se apruebe la reforma constitucional.

En cuanto a los concejos deliberantes, los cambios introducidos devalúan la capacidad del votante de incidir en una crisis política. No quieren que el repudio a un intendente luego de dos años de mandato se canalice en un voto contundente a la oposición, como ocurriera en 2013 donde el PO gano la elección de concejales de la capital luego de un impuestazo.

El papel del FIT-U en la convención

Desde el primer momento denunciamos la maniobra de Sáenz incluso haciendo un acto frente a la legislatura el día del juramento de los convencionales.

Desde la propia convención, con la compañera Daniela Planes (PTS) denunciamos su carácter reaccionario y antidemocrático con muchos de los elementos que denunciamos en esta nota. Las intervenciones de la compañera, sea en sesión o en comisión, desataron la furia de los convencionales oficialistas y hasta hubo actos de censura en algunas comisiones para tratar de acallar sus posiciones.

Daniela Planes rotó su banca con el compañero del MST, Carlos Zarzuri. El compañero presentó una serie de proyectos que en general plantean parte de los ejes democráticos que hemos desarrollado como el de la revocabilidad de mandato, el salario igual al de un trabajador calificado para los funcionarios y legisladores o la elección popular de los jueces, a la cual le agregaron el tema de que todos ellos deben atenderse en los hospitales públicos y educar a sus hijos en la escuela pública.

Desde el PO creemos que el eje del planteamiento de las bancadas del FIT-U debió estar colocado en la impugnación política de conjunto de esta maniobra del régimen oligárquico y de la lucha por un gobierno de los trabajadores, cosa que en algunos momentos quedó subsumida detrás de legítimos planteos contra la casta política o propositivos como el que se realizara en favor de que los funcionarios se atiendan en el hospital y su hijos vayan a la escuela pública. No hay constituyente libre y soberana que pueda proceder a desarmar este régimen de la pobreza sin la conquista de un gobierno de los trabajadores. Esta constituyente de Sáenz pasó sin pena y sin gloria, completamente ajena al interés de la población, fuera del gran acto de denuncia que realizamos desde el FIT-U en sus inicios, no se ha logrado dar continuidad a una acción común llamar la atención de la población sobre el carácter reaccionario de este engendro.