Por una amplia mayoría la Sala de la Cámara aprobó en dos votaciones y despachó a ley el proyecto (boletín 14.021) que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes que facultan el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales (Ley 21.227) e incrementan el monto de las prestaciones del seguro de desempleo con motivo de la pandemia por Covid-19 (Ley 21.263).
En el debate, si bien se planteó mayoritariamente la necesidad de apoyar la iniciativa propuesta por el gobierno, hubo parlamentarios no oficialistas que criticaron que es una respuesta insuficiente frente al complejo escenario que enfrentan las y los trabajadores por la reducción de sus ingresos.
Frente a esto, desde el gobierno se señaló que si bien las familias se han visto afectadas por la reducción de sus sueldos, esta medida ha impedido que pierdan completamente su fuente laboral.
En votación general el proyecto fue aprobado por 113 votos a favor y 10 abstenciones. Luego, en votación general el numeral 2 de la iniciativa fue aprobado por 112 votos a favor, uno en contra y 6 abstenciones, cumpliendo con el quorum de 77 votos necesarios.
De acuerdo a lo explicado por la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, en las comisiones de Trabajo y Hacienda, el 6 de marzo vencen las vigencias de las normas que permiten la suspensión de contratos, la ampliación de los giros del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y las leyes de protección del empleo y crianza protegida dictadas a raíz de los efectos de la crisis sanitaria.
Por esto, y considerando que el escenario económico y laboral aún es complejo debido a la segunda ola de contagios del virus que enfrenta el país, se hace necesario extender la vigencia de las leyes señaladas hasta diciembre de 2021.
El texto aprobado, además, permitirá nueve giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para aquellos trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores y extiende hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuesto emitan un informe del trabajo realizado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
De acuerdo a lo señalado en los informes de las comisiones rendidos por los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Núñez (PC), al 17 de enero de 2021, más de 767 mil trabajadores han estado afectos a la suspensión de sus contratos a través de la ley de protección del empleo. De estos, el 70,1% son parte de micro y pequeñas empresas (Mipyme) y 29.9% a grandes empresas.
Así también 53.742 trabajadores han estado acogidos a reducción de jornada, de los cuales un 22,8% desempeñan sus funciones en grandes empresas y 77,2% en Mipyme.
En cuanto a las empresas, son 117.885 las que han registrado solicitudes de suspensión aprobadas, de las cuales 98,6% corresponderían a Mipyme. Además, existen 8.588 que han registrado pactos de reducción de jornada aprobado, donde un 97% del total son micro y pequeñas empresas.
El informe consigna que, a pesar de la importante caída en el patrimonio acumulado del FCS, este retomaría una senda de crecimiento sostenido incluso en el peor de los escenarios proyectado por la Superintendencia de Pensiones, lo que daría garantías de sustentabilidad en el largo plazo.
