Brenda Cano: diseño. Redacción VcV. Congreso Edoméx: imagen.

Toluca, México; 3 de marzo de 2022.

Diputados y activistas de los derechos humanos en el Estado de México criticaron la postulación del magistrado José Luis Cervantes Martínez, para el cargo de fiscal mexiquense y exigieron que quien desempeñe esa responsabilidad sea alguien que en verdad represente a la ciudadanía y no solamente a los entes políticos de las coyunturas.

Cervantes Martínez es la propuesta del gobernador Alfredo de Mazo, del ex presidente de México, Enrique Peña, del senador Eruviel Ávila, del ex procurador Alberto Bazbaz y del poderoso ex asesor jurídico de la anterior Presidencia, Humberto Castillejos, quien es el personaje que ha impulsado la llegada de por los menos los últimos cuatro fiscales.

Castillejos tiene una orden de aprehensión desde enero de 2021, acusado de extorsionar a empresas y particulares que tenían cuentas congeladas. Ese esquema era operado desde la Unidad de Inteligencia Financiera, y “se exigía dinero a 722 particulares y compañías cuyas cuentas bancarias fueron congeladas desde la UIF entre 2014 y 2018, por sospechas de lavado de dinero. En esos años, Alberto Bazbaz era titular de la unidad. Los sobornos supuestamente eran cobrados a través de representantes de al menos  cinco despachos jurídicos ligados a Castillejos, considerado uno de los hombres con más poder dentro del gabinete de Peña Nieto”, precisa una nota del portal electrónico Expansión.

José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A.C., criticó y desestimó la postulación de José Luis Cervantes Martínez, quien busca ser el titular de la FGJEM, ya que es un hombre vinculado al PRI, al ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y al ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. En su cargo como como titular de la Subprocuraduría General de Justicia en Tlalnepantla, el magistrado no se habría conducido con autonomía en las investigaciones y mucho menos en las resoluciones en los recursos de apelación.

Pérez denunció que Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) A.C., “ha cuestionado que burócratas de la procuración y administración de justicia sean nombrados como titulares de la FGJEM, en virtud de que los aspirantes pesan sobre sus espaladas la corrupción y el desvió de más de 7 mil 500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y la violación de los derechos humanos de miles de personas que en el Estado de México fueron detenidos de manera arbitraria para fabricarles delitos de alto impacto”.

Sin embargo, desde el 24 de febrero se daba por hecho que Cervantes sería nombrado como el nuevo fiscal poque había sido palomeado por el grupo político de Del Mazo, que contaba con el apoyo de Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial del Edoméx, y de la mayoría de los diputados del Congreso local, incluyendo a la fracción de Morena. El gobernador Del Mazo será quien decida al final, y el nombre del ganador saldrá de una terna de 10 personas que debe escoger el Congreso. Cervantes, en todo el proceso, lleva mano y por en la Cámara de Diputados y en el Palacio de Gobierno se le da por ganador.

De cualquier manera, algunos diputados del Congreso local advirtieron que el nuevo fiscal tiene que ser un profesional que no sea cuestionado, que no tenga antecedentes, y que de entrada no debilite la función del cargo que habrá de ostentar, ya que la labor del anterior fiscal, Alejandro Gómez Sánchez, ha sido descalificada porque dejó muchos pendientes.

La Junta de Coordinación Política tendrá que seleccionar a diez de los mejores para que, posteriormente, gracias al voto de tres terceras partes de la Legislatura salga una terna, la cual será enviada al gobernador Alfredo del Mazo para que nombre al nuevo fiscal.

La LXI Legislatura tiene que ser muy cuidadosa en analizar la formación académica, experiencia y solvencia moral de los 43 aspirantes registrados que buscan la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a fin de que se elija una terna con los mejores perfiles que no sean cuestionados, para que la instancia y “recupere mucho lo que ha quedado a deber”, señaló el diputado Faustino de la Cruz Pérez, quien apunta que la actual Fiscalía no representa a nadie, no es cercana a la gente y en esta lógica el gobernador tiene el reto de al menos cerrar su administración con un fiscal que tenga el reconocimiento social y no permitirán un “fiscal carnal”. La decisión se dará a conocer a mediados de marzo.

La lista de aspirantes también está conformada por profesionistas ciudadanos que genuinamente representan los intereses de la población y no tienen filias partidistas, como Jorge Malávez Rodríguez, por ejemplo.

Los aspirantes registrados son Óscar Fuentes Fierro, Pedro Bartolomé Moreno González, Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina, José Rubén Herrera Ocegueda, Víctor Manuel Torres Moreno, Sergio Lozano Dávila, Alfonso Colín Ibáñez, María de la Luz Quiroz Carbajal, Martín Marín Colín, José Gil García, Miguel Ángel Colín Ibáñez y Carlos Gabriel Villasana Beltrán. Luis Eduardo Gómez García, Miguel Ángel Vera Martínez, Claudia Romero Landázuri, Luis Marco Antonio López Valdez, Mario Salas Ortiz, Lizbeth Padilla Sanabria, Yuridia Torres Pérez, Paulina Téllez Martínez, Raúl Villavicencio Ramírez, Jorge Malváez Rodríguez, Miguel Ángel Salazar González e Hiram Ríos Kuri. Yazmín Nájera Romero, José Isauro Bautista Pérez, Omar Obed Maceda Luna, José Carmen Castillo Ambriz, Patricia Velázquez Alva, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, María Esther Nolasco Núñez y José Antonio Montiel Cuevas. Sebastián Emilio de Guadalupe Cruz Vargas, Esaú Eduardo Sánchez Sánchez, Samuel López Martínez, José Luis Cervantes Martínez, Rodrigo Archundia Barrientos, Maribel Bojorges Beltrán, Juan Carlos Ortiz Gausin y Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros.