Así lo ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. Foto: EP.
La reforma que envía el Gobierno a Bruselas convierte los ERTE y la lucha contra la temporalidad en claves del Plan de Recuperación
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06/5/2021 06:48
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Actualizado: 06/5/2021 11:56
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El Gobierno pretende que el nuevo marco laboral esté operativo de cara al año que viene. Así lo ha manifestado la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en un encuentro con los periodistas, donde ha desgranado algunos detalles del Plan de Recuperación enviado a Bruselas.
La reforma que plantea el Ejecutivo de Sánchez incluye aspectos como la simplificación de los contratos, reduciendo a tres las modalidades existentes (fijo, temporal y de formación). También se ha hablado de aprobar un marco estable para los ERTE y la modernización de la negociación colectiva.
Desde dicha negociación colectiva se pretende la eliminación de la ultraactividad de los convenios y la más que probable prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa, reformas que se hicieron en la reforma laboral del 2012.
El Gobierno plantea también la reforma de la subcontratación y la revisión de las bonificaciones a las contrataciones, en la que confía ahorrarse cerca de 2.000 millones de euros, siempre desde el diálogo social.
En el documento, en su programa número 23 que aborda la reforma laboral, señala a la necesidad de que los nuevos ERTE (no se sabe aún cuál será su denominación concreta) permitirán una «reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa«.
Reforma laboral bien encaminada
Carlos de la Torre, ‘of counsel’ de Baker Mckenzie y vicepresidente de Adirelab, considera que la reforma laboral que el Gobierno pretende impulsar el próximo año va a ser focalizada en tres áreas, subcontratación, contratación temporal y negociación colectiva.
“Es una reforma muy medida que no tendrá un alcance extraordinario y que debe impulsarse desde la mesa del diálogo social donde ya hubo acuerdos en otros asuntos”.
“A nivel de contratación temporal creo que al reforma va bien encaminada. Simplificar la contratación con tres grandes contratos, indefinidos, temporales y formativos, es positivo. Sin embargo, hay que darse cuenta que pese a las reformas hechas seguimos teniendo una temporalidad del 26% la más alta de Europa”.
Carlos de la Torre, ‘of counsel’ laboral de Baker Mckennzie.
Para De la Torre, “hay que buscar medidas agresivas para frenar la contratación temporal. Podría pensarse en un sistema de ‘bonus malus’ para penalizar los contratos temporales en fraude de ley, se podría establecer una indemnización más alta de 45 días en lugar de los 33 de despidos improcedentes o 20 de los objetivo”, entre otras iniciativas”.
En cuanto a la subcontratación, este jurista señala que “se ha ido a una modificación táctica. Parece que el Gobierno no quiere aplicar a las empresas contratistas el convenio colectivo de la empresa principal, sino que quiere aplicar el convenio sectorial desligándose la separación entre propia o no propia actividad”.
Para este jurista, “habría que ver el impacto que podría tener en la subcontratación. Podría condicionar la estructura de costes de muchos sectores productivos elevando las condiciones salariales de los trabajadores de las subcontratas. Habría que ver que impacto puede tener en el empleo”.
Respecto a la negociación colectiva, Carlos de la Torre subraya que “la recuperación de la prioridad del convenio del sector frente al de la empresa es una petición de los sindicatos puede corregir algunos abusos que ha habido de algunas empresas con tasas salariales muy bajas en sus convenios de empresas”.
“Habrá que ver cómo esta medida afecta a la cuantía salarial y se pudiera mantener la flexibilidad ganada en la reforma del 2012, la prioridad del convenio de empresa en relación a otras materias que no sean salariales”.
Para este experto en derecho laboral, “la reforma laboral que se anuncia, si se ajustan bien los términos, podría ser favorable y no dañar al empleo. En todo caso no se deben modificar los reformas y avances que se lograron en el 2012”.
En su opinión, “parece que el Gobierno no quiere tocar ciertos equilibrios que se lograron en los últimos diez años. La reforma del 2012 ha permitido resistir con medidas de flexibilidad interna, la eliminación de los salarios de tramitación y la reducción de las indemnizaciones de salidas en despidos y la nueva estructura de negociación colectiva, salvo algunos abusos, ha sido una reforma que ha ayudado a resistir a la pandemia”.
En este contexto, De la Torre coincide con Calviño en el papel de los ERTE que debe ahora fortalecerse, “aunque la estructura de los ERTE de Covid han sido diferentes de los ordinarios y tuvieron su normativa concreta, los ERTE precisan mantenerse mas allá de la pandemia y del estado de alarma”.
“Ya se sabe de su prórroga hasta final de año, eso no quita para que se trabaje en una estructura de ERTE muy potente buscando una financiación conjunta entre empresarios, trabajadores y Gobierno que haya un modelo de ERTE donde se potencie la formación. Estos ERTE deben generar una transición suave a muchas empresas y evitar los ERE”, apunta.
“Al final de lo que se trata es de generar confianza entre todos los grupos de interés que están relacionados con la creación de empleo, tanto a inversores institucionales o de terceros países e incluso a emprendedores y pymes”.
No afecta a lo esencial de la reforma laboral del 2012
Para Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, “la reforma laboral planteada en estos términos es posibilista y técnica. No tiene nada que ver con el documento que firmaron PSOE y Unidas Podemos. Poco política, sin ideología lo que es un halago, en general es correcta. En principio no afecta a los elementos claves de la reforma laboral del 2012”.
Este jurista recuerda que “el núcleo duro de la reforma del 2012 se mantiene, en elementos claves como los despidos colectivos sin autorización administrativa, mantiene el sistema de flexibilidad interna con la modificación de las condiciones de trabajo como se reguló, mantiene el coste de los despidos sin incrementarlo. Las ideas fuerzas del 2012 no se tocan”.
A juicio de este experto hay un tema que es ineludible, la contratación temporal. “Bruselas ya ha mostrado su preocupación por esta problemática de nuestro país. El sistema actual de contratación temporal es obsoleto y no cumple para la función establecida. Cualquier reforma es necesaria a este sentido”.
Sobre los tres tipos de contratos, que ha comentado Calviño, apunta, “potenciando la contratación indefinida, manteniendo la temporalidad en supuestos concretos y los contratos formativos parece lógico, la contratación temporal como está no sirve. No se puede seguir sin tocar”, advierte este experto.
En cuanto a los otros temas que se apuntan, «son demandas sindicales que no producen una alteración grave del sistema de relaciones laborales y pueden ser entendibles. En cuanto a la preferencia de los convenios de sectoriales por los de empresa, se ha usado poco, cuando se ha usado, se ha usado mal. Limitar el uso de los convenios de empresa no genera muchas distorsiones”.
Para Godino es más discutible la supresión de la ultraactividad de los convenios o prórroga automática de los mismos, “no soy partidario de que introduzca la ultraactividad indefinida que parece es la apuesta”.
A su juicio, “la limitación de la ultraactividad se ha usado muy poco desde que se introdujo en el 2012. En la práctica de la negociación colectiva, los efectos de volver a un mecanismo de ultraactividad indefinida no van a ser una revolución tampoco su supresión puede generar un problema”.
Al mismo tiempo se habla de la subcontrata y su regulación, “la impresión es que se apunta reforma muy técnica, en materia de subcontratación para introducir alguna regla sobre que el convenio sectorial sea un mínimo aplicable en supuestos de empresa que subcontraten y que sean multiservicios. Se viene planteando desde el 2015 y tiene sentido”.
Para Godino la idea de los últimos textos del Gobierno iba más en el sentido de que “la equiparación se realizara al convenio sectorial de la actividad que es objeto de la contrata, que el mínimo sea el convenio sectorial. No creo que se trate que se igualen las condiciones con la empresa principal. De esa forma no se disparan los costes y se evitan convenios de dudosa legalidad”.
En el tema de los ERTE, cree que “es un pronunciamiento más político que técnico. Los ERTE no se han inventado ahora. Estaban antes en nuestra regulación, en el sector del automóvil ya se utilizaban años. La regulación de la pandemia ha introducido matices. No es un instrumento nuevo. No veo novedad”.
Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados.
Para este experto, “la novedad criticable sería que se estableciera una obligatoriedad de acudir a los ERTE en lugar de ir a los ERE. La idea política de que el ERTE, que es un instrumento que se puede usar, no es nada nuevo.Puede evitar destrucción de empleo a nivel coyuntural. No puede impedir la regulación de empleo definitiva cuando es necesario”.
Sobre este modelo mixto para financiar los ERTE con aportaciones de Gobierno, empresarios y trabajadores creen que puede ser útil. “Puede ser muy útil, habrá que ver cómo se utiliza. Los ERTES no se debe utilizar para mantener empresas zombies con empleo ficticios. Todavía tenemos a 700.000 personas en ERTE”, aclara.
A juicio de este experto en derecho del trabajo “si la propuesta es equilibrada y posibilista, hay tiempo para llevarlo a cabo. Al final, se trataría de negociar unos cambios sobre cuatro o cinco preceptos del Estatuto de los Trabajadores desde la mesa del diálogo social”, explica.
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