Formulada en los años 50, en el marco de la “Guerra Fría”, la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional” (DNS) fue una macroteoría utilizada para definir acciones de política exterior de los Estados Unidos, que apuntaban a que las distintas fuerzas armadas del continente modificaran su misión original (la defensa exterior) para dedicarse con exclusividad a garantizar el orden interno, bajo el pretexto de que el comunismo pretendía “infiltrar” nuestras sociedades.
La DNS sirvió para legitimar el militarismo surgido en los años 60 en América Latina, y en especial para justificar derrocamientos de gobiernos legítimos: en Brasil, el golpe militar de 1964 contra el gobierno populista de Joao Goulart; en Argentina el derrocamiento del radical Arturo Illia en 1966 y luego del gobierno peronista de 1976; en Chile en 1973, el golpe contra el presidente socialista Salvador Allende y ese mismo año en el Uruguay, el autogolpe de Bordaberry que dio paso a la dictadura.
La bipolaridad y la guerra global fueron los dos elementos centrales de la perspectiva implantada por la DNS. La bipolaridad consistía en ver la división del mundo en dos grandes fuerzas opuestas: las del bien (el occidente cristiano) y las del mal (el oriente comunista). Entre estos polos, sostenía la DNS, existe una guerra mundial soterrada, que no se expresa en un enfrentamiento armado, sino a través de revoluciones dentro de cada país. En virtud de esa perspectiva, los conflictos sociales debían ser considerados manifestaciones subversivas. El componente mesiánico o trascendental lo expresaron las cúpulas militares condenadas durante el Juicio a las Juntas cuando se mostraron convencidas de haber derrotado al mal y salvado a la Patria en esa guerra imaginaria contra el comunismo.
El 13 de diciembre de 1983, apenas 72 horas después de asumir, el presidente Raúl Alfonsín firmó el decreto 158 ordenando someter a juicio sumario a los integrantes de las juntas militares que usurparon el gobierno de la Nación a partir del 24 de marzo de 1976. En sus considerandos se sostiene que “entre los años 1976 y 1979 aproximadamente, miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria doctrina de la seguridad nacional”.
A cuatro décadas de recuperada la democracia, resulta insólito constatar que esa doctrina a la que Alfonsín consideró “totalitaria” reaparece en la agenda política de la Argentina. La plataforma oficial presentada ante la justicia electoral por una de las alianzas cuya fórmula presidencial disputará este domingo la segunda vuelta la incluyó como una de sus propuestas principales.
Allí se puede leer en el punto 25 la siguiente frase: “Promover una Doctrina de Seguridad Nacional y sus estrategias”. No hay otra aclaración. Parece constituir un guiño para entendidos. Un guiño inequívoco y macabro.
La obsesión con esa noción de la “Seguridad Nacional” aparece luego varias veces más. Todas juntas, una después de la otra, en una manifestación ostensible del delirio procesista de quienes acompañan al candidato presidencial de una de las dos alianzas en pugna. El punto 26 dice casi lo mismo: “Promover la creación e implementación de una directiva de política de seguridad nacional”.
En el punto siguiente detallan que van a “promover una Ley de Seguridad Nacional acorde a las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos a la Nación a la cual incluye el marco normativo ‘ut supra”. Más allá de la redacción (“conflictos a la Nación a la cual incluye”, SIC), ese ut supra revela la mano de algún profesional del derecho, habituado a latinazgos innecesarios.
Los dos puntos siguientes, también dedicados a la Doctrina de la Seguridad Nacional, parecen tomados de Les Luthiers, pero por supuesto no producen risas.
Tampoco vale la pena reproducirlos, ni resulta necesario agregar cuál de las alianzas políticas es la que incluye estas inesperadas propuestas, que retroceden medio siglo en la historia democrática argentina.
Cuando estas líneas sean leídas ya estará vigente la veda, un instrumento legal que prohíbe el proselitismo electoral (por ejemplo, realizar actos públicos de campaña, repartir boletas o abrir locales partidarios, pedir públicamente el voto para alguna de las opciones, así como difundir encuestas). La veda procura darle espacio a la ciudadanía en las últimas horas anteriores al comicio para que pueda reflexionar sin interferencias.
Esta columna aspira a contribuir en ese sentido. Ojalá no sea tarde.
Las plataformas electorales se pueden consultar en el sitio https://www.electoral.gob.ar
*Licenciado en Filosofía y periodista. Integra la cooperativa periodística y cultural El Miércoles, de Entre Ríos.
